La Junta Local de Conciliación y Arbitraje requiere de alrededor de 32 trabajadores más, que se sumen a los 110 ya existentes, lo que permitiría acelerar el desahogo de 32 mil 841 expedientes (con corte a junio de 2024) que todavía están en trámite, indicó su presidente, Andrea Priede Iglesias.
En entrevista con La Jornada de Oriente, comentó que entre el 89 y 91 por ciento de esos juicios son por despido injustificado y el resto por otro tipo de prestaciones, como finiquitos, retenciones salariales o recategorización.
La funcionaria expuso que las proyecciones son que dentro de 13 años se concluirán todos los asuntos, pero si se contrata a más personal se podría reducir seis meses ese tiempo, es decir que tomaría 12 años y medio.
Detalló que en donde más se requieren empleados es en el área administrativa porque ahí se concentra la mayor carga de trabajo.
Actualmente, recordó, operan ocho juntas en el estado: en la 1 laboran 12 personas, en la 2 son 11, en la 3 son 17 empleados y esta acumula la mayor cantidad de expedientes, ahí son todavía 7 mil 891; en la 4 son 13, en la 5, que atiende asuntos exclusivamente de la UAP, son siete; 13 trabajadores en la 6; seis en la 7, localizada en Tehuacán; y cinco en la 8, de Teziutlán
El resto del personal se divide entre las secretarías generales A y B, oficialía de partes, enlace administrativo y la presidencia.
“Si contamos con aproximadamente tres, cuatro personas más de apoyo administrativo a cada una de mis juntas, por supuesto que el trabajo se hace más eficiente… Las cargas más fuertes son justamente en trámite de los procedimientos. En dónde está la mayor concentración de trabajo es en mis ocho juntas, que día a día desarrollan audiencias, requerimientos y embargos, emiten laudos, todo lo que lleva el procedimiento laboral”.
Expuso que ya se han hecho solicitudes a la Secretaría del Trabajo para que se aumenten los recursos económicos y se puedan cubrir todas esas plazas, pero dijo desconocer cuánto dinero se necesita para ello, toda vez que esos datos los maneja la dependencia estatal.
También dijo que la celeridad para dar salida a los asuntos no depende exclusivamente de la Junta, sino de todos los recursos legales que utilizan las partes involucradas en un conflicto, como el amparo directo.
Refirió los tribunales colegiados y juzgados de distrito están resolviendo en lapsos que van desde ocho meses hasta un año, en promedio.
Semanas atrás, el abogado laboralista Samuel Porras cuestionó por qué no se está haciendo lo necesario en la Junta para terminar rápidamente con todos los expediente y por qué no se toma en cuenta que gran parte de los trabajadores tienen 60 años o más y ya se les hizo esperar demasiado tiempo.
Al respecto, Priede Iglesias abundó que en la JLCA, como parte del programa de abatimiento de rezago, se implementa la estrategia de conciliación para dar pronta salida a los casos.
“Hemos conciliado juicios que llevaban desde el 2003 a la fecha, más de 20 años dentro del procedimiento y los hemos conciliado con este programa. Muchas veces lo que necesitan las partes es acercarse, escuchar, platicar, poner una propuesta sobre la mesa y eso beneficia”.
A la par, sostuvo que no es verosímil que la mayoría de laudos sean a favor de los patrones y argumentó que en el primer semestre de 2024, de 825 que fueron emitidos, alrededor del 91 por ciento fueron condenatorios, es decir que obligaron a los patrones a respetar los derechos de los trabajadores.
No obstante, comentó que lo que llega a ocurrir es que en ocasiones alguno de los involucrados recurre al amparo directo y si los tribunales colegiados cambian los sentidos de los laudos, la JLCA tiene que acatarlo.
En tanto, una de las quejas más recurrentes de los abogados laboralistas es que falta papelería, puesto que en ocasiones no les dan ni siquiera copias de los documentos, sino que tienen que llevar una USB para que les carguen los archivos y los impriman por su cuenta.
Al respecto, Priede Iglesias señaló que esta situación solo se presentó en los dos meses posteriores a su arribo a la presidencia, el 1 de mayo de 2023, y actualmente ya se entrega por lo menos una copia; solo si es necesario se les pide que ellos las saquen.