Convenio modificatorio entre el gobierno del estado y Concesiones Integrales le da a la empresa como plazo hasta 2027 para cumplir con inversiones, plan de saneamiento de aguas residuales y mejorar servicio a los ciudadanos, reconocieron Gustavo Gaytán Alcaraz y Jordi Bosch Bragado, directores del SOAPAP y de Concesiones Integrales, respectivamente.
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Durante su presentación este lunes ante la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, Gaytán Alcaraz afirmó que en el tercer convenio modificatorio firmado en marzo pasado se establecieron multas en contra de la empresa que podrían ascender hasta los 25 millones de pesos anuales.
La diputada priista Delfina Pozos Vergara reveló que se dio a la empresa hasta 2027 para garantizar el suministro de agua al menos cuatro días por semana en colonias bajo su cobertura.
Fue la diputada por el PRI, Delfina Pozos Vergara, quién reveló que en los pormenores del acuerdo modificatorio se le dio hasta 2027 para cumplir con la meta de dotar con el servicio al menos cuatro días a la semana a las colonias en donde la concesionaria tiene influencia.
Al respecto Gustavo Gaytán afirmó que se acordó el diferimiento de las metas porque el gobierno del estado no ha podido resolver los conflictos sociales registrados en Xoxtla, Cuautlancingo y Coronango para hacer las perforaciones que se necesitan en la zona metropolitana, zona que en la que se prevé traer 300 litros por segundo a la ciudad. Sostuvo que el organismo tiene pendiente autorizaciones de perforación con la Comisión Nacional del Agua.
Expuso que otra de las razones del diferimiento de los plazos es la caída en la extracción de agua de 7 millones de metros cúbicos anuales por la sobreexplotación del acuífero del valle Puebla. Agregó que por conflicto en Xoxtla y extracción ilegal en los mercados Hidalgo y Zaragoza —con influencia de la UPVA 28 de Octubre— el SOAPAP ha perdido 16 millones de metros cúbicos anuales de líquido.
Gaytán Alcaraz destacó que en el convenio modificatorio se estableció un tabulador de multas económicas anuales en contra de la empresa por incumplimiento de metas y acuerdos, las cuales podrían ascender hasta los 25 millones de pesos.
La legisladora priista, Delfina Pozos Vergara, fue una de las que más cuestionó a la empresa y al organismo al preguntarle sobre los alcances del acuerdo modificatorio y denunciar que la calidad del agua y la falta de saneamiento de las aguas residuales.
Al finalizar la sesión la diputada reprochó que ni el director del SOAPAP, ni el de Concesiones Integrales respondieron a los cuestionamientos y no se cumplió con el formato que establecía que la comparecencia terminaba hasta que todas las dudas fueran resueltas.
La legisladora por el PVEM, María de la Barreda, cuestionó al director del SOAPAP que no le hayan contestado el cuestionamiento hecho en noviembre pasado respecto a cuáles son los puntos que la empresa no ha cumplido del contrato.
El diputado por Morena, Julio Huerta, sostuvo que el SOAPAP ha sido técnicamente ineficiente y no se han cumplido los compromisos de la concesión.
