Desde hace aproximadamente seis meses, el gobierno del estado de Puebla inició acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto desvío de recursos a “paraísos fiscales” y posible lavado de dinero.
Así lo reveló el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, durante la conferencia de prensa de este martes, donde destacó que esta acción se tomó antes de que el tema cobrara relevancia a nivel nacional o fuera abordado por otros actores políticos.
Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó este mismo día a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a revisar el caso de la Fundación en Puebla, ante posibles indicios de fraude fiscal, desvío de recursos y blanqueo de dinero.
El funcionario poblano afirmó que el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, actuó de oficio para proteger el patrimonio de la entidad.
“El Gobierno del Estado, sin necesidad de que nos lo pidieran, hace aproximadamente seis meses, instruyó a la Consejería Jurídica para que iniciara todos los procedimientos para poder investigar y, en su caso, iniciar las denuncias correspondientes en contra de este tema de la Fundación Jenkins por presunto desvío de recursos y lavado de dinero”, señaló.
Esta declaración confirma que la autoridad estatal buscará recuperar los fondos presuntamente desviados por la Fundación Jenkins, a través de fideicomisos y cuentas en el extranjero.
A pesar de que dijo que se trata de un tema “entre particulares”, el juicio que enfrenta la Fundación está siendo revisado por la autoridad estatal y federal.
“Hay que dejarlo en claro, es un tema entre particulares, entre integrantes de la propia Fundación y que el gobierno del Estado está dando un acompañamiento y seguimiento para esclarecer esta situación”, precisó.
El caso de la Fundación Jenkins se relaciona con el desfalco de un fideicomiso que, según estimaciones, llegó a acumular un patrimonio de cerca de 14 mil millones de pesos destinados a la beneficencia pública en Puebla.
El coordinador de Gabinete enfatizó el compromiso de la administración estatal de combatir la corrupción y el desvío de fondos, especialmente aquellos destinados a fines sociales.
En ese sentido, José Luis García Parra se comprometió a hacer público el resultado de las indagatorias.
“En su momento, se podrá compartir información conforme vayan avanzando las investigaciones y desde luego sin entorpecer el proceso judicial”, anticipó.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso Estatal, Pável Gaspar Ramírez, se pronunció en redes sociales sobre la necesidad de revisar el caso de la Fundación Jenkins.
“En Puebla no habrá impunidad y no se protege a quienes están bajo una investigación judicial. Respaldo el llamado desde la Oficina del Ejecutivo de seguir construyendo un estado de ‘cero tolerancia’ a la corrupción”, posteó en su cuenta de X.
En la administración del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta se iniciaron procedimientos legales con el propósito de recuperar el patrimonio de la Fundación Jenkins, destinado a la beneficencia pública.
Sin embargo, el proceso derivó en la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que forma parte de los bienes de la familia Jenkins.
Después de ocho meses de litigio, los Jenkins recuperaron el campus y, en junio pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca dictó una sentencia absolutoria para cinco miembros de la familia y dos abogados por el caso del supuesto desvío de recursos de la Fundación, que derivó en el cierre de la carpeta de investigación en su contra.
