Aunque la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas concluyó en 2017, Puebla sigue pagando los megaproyectos que detonó. La plataforma Audi, del Museo Internacional del Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS) han acaparado en 12 años 17 mil millones de pesos del presupuesto público estatal y corresponde apenas a la mitad de la deuda que generaron, de acuerdo con información pública. 

Los recursos destinados a esas obras equivalen a cinco hospitales generales de 180 camas como el que construirá el gobierno federal en Puebla capital, con una inversión de 3 mil 021.1 millones de pesos, para sustituir el de San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

Aunque los pagos multianuales de las obras morenovallistas iniciaron en 2012, durante ocho años el gobierno estatal los ocultó, de manera total o parcial, con el auxilio del Congreso local, gracias al control que ejerció ese grupo político del PAN sobre ambos poderes del Estado.   

El gobierno estatal de Morena, que inició el 1 de agosto de 2019, transparentó toda la información relacionada con esos compromisos de pago.    

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) reportó un pago 13 mil 551.3 millones de pesos por el CIS, el MIB y la plataforma Audi al corte del 30 de junio del 2021. La cifra que se actualiza a 17 mil millones de pesos con las asignaciones que se programaron el resto de ese año, las autorizadas para 2022 y los mil 443.1 millones de pesos que se sugieren en la iniciativa de Ley de Egresos 2023, la cual se encuentra bajo análisis del Congreso para su aprobación.      

No obstante, para el 2024 el gobierno del estado todavía tendrá pendiente el pago de alrededor de 17 mil millones de pesos más.  

Plataforma Audi exige cada año 751 mdp  

Las leyes de egresos de Puebla de los ejercicios comprendidos entre el 2012 y 2019 son reflejo fiel de la opacidad que giró en torno a esos contratos, según una revisión que efectuó La Jornada de Oriente, ya que en los tres primeros años no se reportó pago alguno a favor de las empresas que detonaron esos proyectos y a partir de 2015 se hizo de forma incompleta.   

La plataforma Audi, que se construyó en el municipio de San José Chiapa para satisfacer las necesidades de la armadora de vehículos de lujo que lleva el mismo nombre y que opera en ese lugar desde 2013, ha exigido una erogación promedio de 751 millones de pesos al año que se mantendrá hasta el 2028.  

Información hecha pública por la SPF exhibió que los pagos por esa obra comenzaron a finales de 2012, sin embargo, no se informaron hasta la Ley de Egresos del Estado 2015.  

El motivo de ese desembolso se siguió ocultando del 2015 al 2019. Los documentos presupuestarios de esos años no mencionan que el recurso se destinará a pagar la plataforma Audi, sino un proyecto que identifican como “Infraestructura en la modalidad de Proyectos de Inversión”. 

La primera ocasión que se mencionó abiertamente la plataforma fue en la Ley de Egresos de 2020, con una asignación de 753.7 millones de pesos, monto que se mantiene desde entonces.    

La opacidad también caracterizó al CIS y al MIB, puesto que se conoció la afectación que ocasionaron al presupuesto de Puebla hasta la Ley de Egresos 2017, pese a que los pagos se realizan desde 2012 y 2014, respectivamente.   

El MIB se lleva 458.4 mdp al año; el CIS, 230.9 mdp  

De los mil 443.1 millones de pesos que el gobierno del estado plantea para el ejercicio 2023, a fin de cumplir con los compromisos que contrajo la administración morenovallista con la iniciativa privada, la plataforma Audi concentra 753.7 millones, el MIB 458.4 millones y el CIS 230.9 millones.     

María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dio a conocer en su última comparecencia ante el Congreso local, en enero pasado, que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha buscado renegociar los pasivos a fin de reducirlos.  

De hecho, el mandatario local informó a inicios de año que se modificó el contrato que la administración morenovallista firmó con los constructores del CIS, lo que permitió un ahorro de 300 millones de pesos para la hacienda pública.