En tres ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha acreditado que el Congreso de Puebla incumplió su obligación de consultar a población vulnerable antes de aprobar medidas que inciden en sus derechos. El número de reveses jurídicos podría incrementarse debido a que enfrenta un nuevo litigio por incurrir en la misma falta.
El juicio lo inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual solicitó a la SCJN anular una reforma a la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de que los diputados tomen en cuenta la opinión de personas con discapacidad.
El Poder Legislativo local aprobó la reforma el 15 de marzo pasado, a fin de garantizar un intérprete de lengua de señas mexicana o la emisión de documentos en sistema de escritura Braille a los usuarios de la defensoría pública que así lo requiera.
“El legislador poblano estaba obligado a consultarles a fin de conocer sus necesidades, opiniones o propuestas y al no llevar a cabo dicha actividad participativa, el contenido de todo el decreto deviene inconstitucional por el incumplimiento del mandato previsto en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad”, expuso la CNDH en la acción de inconstitucionalidad 68/2022.
Agregó que la obligación de la consulta es “ineludible” y para que sea válida tiene que realizarse de manera previa a la elaboración de la legislación, así como con la estrecha “colaboración activa” de las personas con discapacidad.
El derecho a la consulta, prosiguió el organismo autónomo que preside María del Rosario Piedra Ibarra, responde a la exclusión y marginación que ha enfrentado ese sector de la sociedad de manera histórica, lo que lo ha colocado en una situación de vulnerabilidad.
La acción de inconstitucionalidad se presentó el 9 de mayo pasado, un año después de que la SCJN invalidó dos capítulos de la Ley de Educación de Puebla, denominados “de la educación indígena” y “de la educación inclusiva”, por no contar con el consentimiento de los pueblos originarios ni de las personas con discapacidad.
La organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), a través del activista Raymundo García López, confirmó a La Jornada de Oriente que el Congreso no ha reportado avances en la organización de esos ejercicios de participación, pese al tiempo transcurrido.
Los últimos dos fallos contra el Poder Legislativo por incumplir la consulta los emitió la suprema corte el 6 y 7 de junio pasado, mediante los cuales invalidó una reforma de 2019 que creó al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas y anuló la Ley de Salud Mental que se expidió el año pasado, respectivamente.