Al hacer un balance de sus dos años de gestión como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano (FRS) reveló una red de 500 empresas fantasmas que emitieron facturas apócrifas a funcionarios municipales y estatales de Puebla en gobiernos pasados a fin de simular operaciones por un monto superior a los mil 800 millones de pesos de recursos públicos.
La institución a su cargo no sólo descubrió la red, sino que también la desmanteló al denunciarla ante la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con la entrevista que concedió a “Las Reporteras”, programa que La Jornada de Oriente (JO) difunde en sus cuentas de youtube y facebook.
Sobre los implicados en esa probable malversación de fondos, el auditor superior aclaró que no puede proporcionar el nombre de las personas que enfrentan acciones penales iniciadas por la ASE, pero brindó una cifra global: 344 exfuncionarios, de los que destacó exsecretarios, exdirectivos y exalcaldes, señalados en 72 denuncias por hechos detectados en sexenios anteriores.
Durante la charla, también habló de los proyectos que impulsará en los cinco años que quedan a su gestión, así como de las versiones periodísticas que han dado por hecho su sustitución en el cargo, por supuestas diferencias con el titular del Poder Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta, las cuales rechazó.
“El señor gobernador es una persona muy respetuosa de las instituciones, de la independencia de las instituciones”, manifestó.
JO – ¿Qué ha distinguido a tu gestión frente a gestiones anteriores?
FRS- No es que una gestión sea mejor que otra, simple y sencillamente todas las gestiones están obligadas a evolucionar y sobre las bases que dejó el anterior nosotros avanzamos. David Villanueva trabajó mucho en los temas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, con la compra de un buen servidor. También evolucionó algunos temas que tienen que ver con sistemas de revisión. Lo que nosotros hoy por hoy traemos como novedad es nuestro Departamento de Auditoría Forense, este novedoso sistema de auditar ya se lleva a cabo en el mundo desde hace varios años, de hecho, existen normas internacionales aplicables en este tema y se implanta en esta administración que me corresponde encabezar y digamos que esta es la cereza del pastel. Hemos logrado integrar un sistema que nos permite llevar a cabo denuncias fast track y eso es algo que no se había logrado en ninguna de las administraciones, nos ha dado un fruto de 72 denuncias ante todos los niveles de gobierno. Ha sido una labor titánica.
JO – ¿Cuántos exfuncionarios están implicados en estas acciones penales que decidió emprender la auditoría?
FRS – Son aproximadamente 344 exfuncionarios, es una cifra histórica. Es una cifra muy, muy importante que de antemano pone de manifiesto que el trabajo se llevó a cabo.
JO – Entre estos exfuncionarios tenemos conocimiento que existen exalcaldes del estado, ¿quiénes más han sido señalados en estas denuncias presentadas?
FRS – Por obvias razones de procedimientos y legales no puedo mencionar nombres, pero sí te puedo decir que secretarios de Estado, presidentes municipales, así como también muchos directores. Nosotros denunciamos toda la cadena que tiene que ver con el mando en la determinación de responsabilidades. No solamente es el líder el que en un momento determinado delinque, sino en asociación delictuosa, con toda la cadena de funcionarios que conllevan a la ejecución de una operación total: desde la adquisición, desde la no comprobación, desde el cómo cubren o con qué documento comprueban el aparente gasto. Entonces todas esas participaciones llevan a determinación de responsabilidades a muchos servidores, por eso en la cadena son 72 denuncias, pero 344 funcionarios.
Es solo la punta del iceberg, alerta
Romero Serrano precisó que el monto de recursos públicos involucrados en esas 72 denuncias asciende a 2 mil 52 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento se relaciona con actos de simulación a través de empresas fantasma, lo que equivale a mil 864.8 millones de pesos.
“Son empresas que nosotros no encontramos en la inspección, que verificamos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que las encontramos dentro del paquete de empresas factureras y que en un momento determinado se dedicaban a proveer de documentos comprobatorios fiscales a cambio de comisiones y existían flujos de efectivo por estos conceptos. Entonces, descubrimos toda una red de factureros, aproximadamente 500 empresas factureras fueron las que nosotros detectamos y afortunadamente, estas han dejado ya de facturar al erario”, expuso.
JO – ¿También se encuentran denunciadas?
FRS – Por supuesto, todas estas empresas también se encuentran denunciadas.
JO – Me parece sorprendente el número de empresas fantasmas, el número de exservidores públicos involucrados, ¿era un sistema que se estaba operando en Puebla bajo la coordinación de alguien o eran acciones individuales de cada autoridad involucrada?
FRS – Sería irresponsable de mi parte decir si existió un líder organizando todo este tema. Al final de cuentas nosotros lo encontramos en forma aislada y es así como lo denunciamos. Entonces, en tanto yo no tenga pruebas no podría afirmar que todo esto estaba encabezado por una sola persona, eso es imposible de determinar hasta este momento. Lo que sí te puedo decir es que tenemos mucho por hacer todavía, esta es la punta del iceberg. En la medida en que nos vayamos perfeccionando vamos a tener mejores resultados.
El auditor superior fue enfático en reconocer que “falta mucho por hacer” a su gestión para prevenir el fraude, el peculado, la asociación delictuosa y otros tipos de delitos, ya que la mayoría de los esfuerzos han sido correctivos.
“No me sentiré satisfecho hasta que logremos establecer un sistema de prevención y todos los sujetos de revisión estén prácticamente cubiertos en el aspecto técnico, en su parte de control interno”, agregó.
No hay “mala fe” en las reformas anunciadas
Francisco Romero no evadió las versiones sobre su supuesta salida de la ASE; las descartó por completo al considerar que ha habido una lectura incorrecta de las reformas anunciadas por el gobernador del estado en materia de fiscalización, una de las cuales busca crear una comisión que vigile los resultados de la ASE.
Afirmó que los proyectos tienen como finalidad armonizar el marco normativo del estado con las disposiciones federales, por lo que negó que exista “mala fe” o un trasfondo político.
En esa lógica, avaló la creación de ese órgano de vigilancia, porque funciona a nivel federal para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y “funciona muy bien”, además de que “representa un as de protección” para las tareas que desarrolla la ASE.
“Habrá una segunda opinión respecto al actuar de todo el personal de la auditoría, incluyéndome, entonces, es la oportunidad para poder determinar qué tan eficientes y eficaces somos y qué tan honrados somos. Lo cual me da gusto porque nos da seguridad jurídica.
“Es importante que exista alguien que emita una opinión de que hago bien mi trabajo, porque el determinar responsabilidades es un tema bastante delicado que puede dar lugar a sanciones para mí”, argumentó.