Teuchitán abrió la cloaca, no del inventado y manipulado supuesto campo de exterminio en el rancho Izaguirre, sino de un problema real, hasta ahora, desatendido, me refiero a los desaparecidos en el país, que no es de hoy, fue heredado de sexenios anteriores, incluido el de Andrés Manuel López Obrador.
No era sólo combatir al crimen organizado y a la violencia, o atender las causas, como se planteó casi como eslogan, sino no querer verlo, o minimizarlo, como se hizo en los tiempos del PRIAN. De esta manera, al dejarse esta arista suelta, el problema creció y se hizo, cada vez, más complejo hasta que hizo crisis (en esto tampoco tiene razón la CNDH), no obstante, la insistencia de las decenas de agrupaciones de buscadoras que fueron surgiendo y denunciando la situación (se afirma que son 145 organizaciones) y el desdén manifiesto de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Las denuncias de los familiares de los desaparecidos, se elevaron; surgieron en todos lados fosas clandestinas, muchas de ellas descubiertas por llamadas anónimas; las morgues desbordadas con miles de cadáveres sin identificar. Y el tiempo pasaba sin políticas efectivas para la atención de este problema, convertido hoy en uno de los más sensibles para el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Es una realidad que no podemos soslayar.
La cuestión se complica, lo menos, por tres razones: una, no se tiene idea de la magnitud del problema al no haber una cifra real sobre los desaparecidos en el país, según acepto la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la segunda razón, la politización del conflicto, estorba más que ayuda, que es a lo que en los últimos tiempos se ha dedicado la oposición; la tercera razón, es el surgimiento de reacciones en la bancada en el Legislativo, que le ponen peros a la iniciativa enviada por la Presidenta de la República.
Junto con Ayotzinapa, los desaparecidos fueron el gran pendiente dejado por el expresidente López Obrador (alguna vez lo señalamos al cierre del sexenio), pero la pretensión de la oposición por magnificar el caso jalisciense, aceleró la necesidad de meterle mano y atenderlo, ya, a nivel nacional. La coyuntura fue la que se impuso, para que la Presidenta planteara en una mañanera varias iniciativas entre legales y de políticas públicas.
Está planteado entonces el quehacer, ahora falta ponerlo en marcha y ejecutarlo. Sirvió además el voltear por fin a considerar el trabajo, denuncias y propuestas de los grupos de buscadoras, que insisto existen y operan debido a la falta de atención al problema de las autoridades. La gente tomó en sus manos buscar a sus familiares y seres queridos. La oposición del PRIAN se muerden la lengua, pues señalan críticas de hoy, pero olvida lo que no hicieron la tarea que le correspondía en sus tiempos.
No esperemos que los resultados vengan pronto, el problema es complejo y en cierto sentido, lamentablemente arraigado, imbricado con formas cuestionables fomentadas por gran parte del crimen organizado, pero responsabilidad de todos no solos de las instancias gubernamentales, sobre todo en materia de prevención, políticas de control y decisión para resolverlos.
