Miércoles, febrero 12, 2025

Se defiende el auditor Francisco Romero de proceso de destitución en su contra

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El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, dio respuesta al proceso de destitución que inició la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso local en su contra.

La presidente de ese órgano legislativo, Olga Lucía Romero Garci Crespo, informó que los argumentos de Romero se hicieron llegar al palacio legislativo por escrito, debido a que enfrenta en prisión un proceso penal por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En entrevista, previó que la comisión a su cargo emitirá una resolución del caso durante el periodo de receso del Congreso, el cual inició este día y se mantendrá hasta el 1 de junio próximo.

Recordó que el proceso de destitución se inició por las dificultades que ha enfrentado Francisco Romero para ejercer el cargo, ante los procesos penales en los que se encuentra involucrado, uno por el supuesto uso de recursos de procedencia ilícita y el otro por supuesta violencia familiar.

Olga Lucía Romero agregó que la Comisión de Control también ha detectado demoras en la fiscalización de los sujetos de revisión y errores en los informes individuales que entregó al Congreso.

La diputada, integrante de la bancada mayoritaria de Morena, anunció que el siguiente paso en el proceso le corresponde al órgano legislativo que preside, el cual desahogará las pruebas que lo requieran y notificará al implicado.

Francisco Romero, prosiguió, tendrá un periodo de hasta tres días hábiles para que formule los alegatos que estime pertinentes, tras lo cual la Comisión de Control dictaminará si existen o no los elementos necesarios y suficientes para que haya lugar a la remoción.

El dictamen será remitido a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que convoque a sesión del pleno y sea sometido a votación, anotó la representante popular de Tehuacán.

Refirió que la Constitución estatal establece que la remoción exige el respaldo de las dos terceras partes de los diputados para que sea procedente y, de ser ese el sentido el procedimiento, el Poder Legislativo notificará personalmente al implicado.

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