Los elementos del Ejército Mexicano y efectivos del resto de las corporaciones que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayoztinapa, deben ser investigados y sancionados, para limpiar el nombre de las fuerzas castrenses y fortalecer al resto de las instituciones, advirtió Melitón Ortega Carlos (MOC), vocero de los padres y familiares de los desaparecidos.
El portavoz oriundo de Iguala tuvo una visita relámpago a la ciudad de Puebla, para reunirse con algunas organizaciones y activistas que han sido solidarios con la lucha de lo paterfamilias de los 43 durante su sexenio de lucha y fue entrevistado por La Jornada de Oriente (JO).
El diálogo ocurrió por la tarde en la sede de un comité civil de base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), localizado al sur de la Angelópolis. La entrevista fue transmitida vía Zoom por la organización anfitriona y puede consultarse también en la página de Facebook y el canal de YouTube de esta casa editorial.
De entrada, Melitón Ortega Carlos habló sobre la perspectiva de un cambio de rumbo en las indagatorias sobre la llamada “Noche de Iguala”, por parte del gobierno de la República:
“Para nosotros es el momento crucial para la lucha de los 43, porque vienen nuevas formas, nuevas rutas de investigación, dejando atrás lo del basurero de Cocula. Es una nueva narrativa, una nueva etapa de la investigación con la participación de varias organizaciones internacionales, como la ONU, como el grupo de expertos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, con toda la lucha de los padres, esas organizaciones están en México para iniciar esta nueva etapa”.
JO–Ante una nueva etapa en las indagatorias periciales, emergen también las investigaciones periodísticas que apuntan a una participación del Ejército en la desaparición de los normalistas.
MOC–De hecho se ha planteado desde un inicio que se le investigue a los elementos del XXVII Batallón de Iguala y como resultado de la investigación del equipo de expertos, pues resultó en cada punto del escenario del crimen: estuvieron presentes y actuaron.
Incluso hay nombres tanto de militares como de policías federales, ministeriales y La Marina y policías municipales de la zona, se tienen (esos nombres). Sin embargo, no se ha podido (hacer justicia) porque faltó la voluntad del gobierno anterior, no era para que estuviéramos hasta el día de hoy sin respuesta.
La postura de los padres es la misma, sigue vigente, son las cuatro líneas: el tema del Ejército, del XXVII Batallón de Iguala, el tema de la telefonía celular, un anáalisis completo de las llamadas que sí se puede hacer…
JO–Llamadas que llegaron hasta Chicago.
MOC–Efectivamente, todo eso. El trasiego de droga, todo ese punto y las detenciones, que desde cuándo están planteados como temas centrales, pero que hasta la fecha no ha habido respuesta. Por eso creemos nosotros que con estas nuevas órdenes (de aprehensión) que hay, eso puede ayudar mucho a aterrizar, de ubicar, entonces se sigue vigente.
JO–¿Ustedes ven voluntad en el gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador para poder enfrentar y aplicar la justicia no solo sobre los civiles y políticos o sobre los cárteles que pudieron haber participado en este hecho, sino sobre todo sobre las autoridades militares?
MOC–Creemos que ahí se ha trabajado directamente con el personal, con los titulares del Ejército Mexicano y, bueno, hay esa disposición. Y, sobre todo, el gobierno está manteniendo una comunicación permanente con los titulares de la Sedena y eso para nosotros es importante. Entonces, de una u otra forma, si hay problemas, claro que los padres podamos ir a denunciar, porque finalmente, esta exigencia no es otra cosa que limpiar el nombre del Ejército, porque sabemos que no fue toda la institución, pero sí hubo responsables y a esos responsables que declaren, que sean sancionados, que sean detenidas las personas.
Entonces, no es la institución, nosotros estamos de acuerdo que es la ruta, son las personas que participaron y esos deben ser investigados. Al contrario, una vez que eso se esclarezca, se fortalecerá a todas las instituciones del país. Entonces, nos parece que es la ruta más adecuada para no permitir que esto se siga dando en el país.
JO–Pero hay al menos tres niveles de responsabilidad en este caso: el de quienes participaron en los hechos, el de quienes no investigaron deliberadamente, por negligencia o colusión, y el de quienes encubrieron a ambos.
MOC–Efectivamente, la política anterior, la del gobierno de Enrique Peña Nieto precisamente se dedicó a eso, a encubrir, a no descubrir, a no permitir el avance de la investigación, precisamente para encubrir a personajes importantes, incluso al propio gobierno federal de Peña Nieto, está ahí el temor de que no se descubra, por eso hay ese pacto de silencio, se trabajó ese pacto de silencio. Hoy la idea es romper ese pacto de silencio, pero hasta ahorita no se ha podido romper el pacto de silencio. Apenas estamos al inicio, tendremos que llegar al final para poder esclarecer todo este caso de la desaparición.