Con los asesinos en la cárcel, pero con una explicación sobre los motivos del crimen que no convence a la opinión pública, transcurrieron ya cinco años del asesinato de estudiantes de Colombia y Puebla, así como de un conductor de Uber, tras acudir al carnaval de Huejotzingo.
A finales de 2023 los culpables apelaron la sentencia emitida en abril de 2022 que los condenó a 68 años en prisión, pero el juez a cargo del caso rechazó la apelación; sin embargo, la ley les da un plazo de ocho años más para recurrir a un juicio de amparo, lo que a la fecha no ha ocurrido.
El crimen provocó una de las movilizaciones estudiantiles más importantes de la historia reciente de Puebla, pues alumnos de las universidades Autónoma de Puebla (UAP), Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), de las Américas (UDLAP), Iberoamericana (Ibero), Anáhuac, por señalar algunas, se unieron para exigir a las autoridades seguridad.
El 24 de febrero de 2020 los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) José Antonio Parada Cerpa y Ximena Quijano Hernández, de origen colombiano, así como Francisco Javier Tirado, de la Universidad Autónoma de Puebla (UPAEP), acudieron al carnaval de Huejotzingo.
Posteriormente, alrededor de las 10:30 de la noche, los jóvenes abordaron un vehículo de Uber que era conducido por José Manuel Vital Castillo, pero ninguno de ellos llegó a su destino, sino que sus cuerpos sin vida fueron encontrados al día siguiente en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco perteneciente al mismo municipio.
En su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que Ximena tuvo un altercado con otra mujer de nombre Lisset por un sombrero que la primera portaba y que la segunda le arrebató. La estudiante habría recuperado la prenda y esto habría provocado el enojo de la presunta homicida, quien en venganza y junto con otras dos personas, habrían torturado y asesinado a los estudiantes de Medicina y al conductor.
Sin embargo, al dictar sentencia condenatoria en contra de los asesinos, identificados como Lisset N., Pablo N., y Ángel N., se explicó que el móvil, en realidad, fue el robo del taxi de Uber y no la pelea por el sombrero.
En el dictamen condenatorio se establece una pena de 50 años en prisión para cada uno de los tres responsables por el delito de homicidio calificado y 18 años más por robo agravado, ya que se corroboró que robaron el vehículo Chevrolet Beat en el que las víctimas se trasladaban la noche del crimen.
Los asesinos intentaron reducir la condena
En entrevista con La Jornada de Oriente, el abogado Ricardo Fernández, quien tiene a su cargo la defensa de los padres de las víctimas, recordó que en el segundo semestre de 2013 los culpables del crimen apelaron la sentencia en su contra para que se redujeran los años en prisión, pero esta petición les fue negada.
El jurista explicó que la Ley de Amparo permite a los culpables iniciar un juicio en contra de la negativa a su apelación en un plazo de hasta ocho años; sin embargo, ello se ve poco probable, pues los abogados de oficio que defendían a estos, renunciaron a la defensa.
