Luego de que Amnistía Internacional (AI) intervino a favor de los defensores del territorio en Cuetzalan que han sido acosados judicialmente por la Procuraduría General de la República (PGR), a instancias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se tenía agendada un encuentro entre representantes del organismo defensor de los derechos humanos y el gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad.
La reunión entre los emisarios de AI y el mandatario poblano se debía realizar esta semana, pero fue aplazado y hasta ayer por la noche no se tenía información de la fecha en la que se realizará.
La víspera, Amnistía Internacional fijó una posición sobre el intento de criminalización de ocho opositores la instalación en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II–Tajín (LAT), misma que se transcribe a continuación:
“La denuncia interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de ocho integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan (Tosepan), el Comité de Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan (COTIC) y del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) pone al descubierto los ataques que diariamente enfrentan quienes defienden la tierra y el territorio en México.
“Esta denuncia, por la que se ha iniciado una investigación penal contra los defensores, está basada en el hecho de que entre noviembre de 2016 y octubre de 2017 la Asamblea de Pueblos Maseual Tutunaku y Mestizo instaló un campamento de protesta pacífica contra la construcción de una subestación eléctrica y línea de alta tensión de la CFE.
“El pueblo maseual consideraba que la obra se estaba realizando sin su consentimiento y sin antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con las comunidades. A pesar de que la protesta fue pacífica, la CFE interpuso la denuncia que ha generado una investigación por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos.
“Estos hechos evidencian que cuando las personas defensoras alzan la voz en contra de obras que afectan directamente sus derechos, su tierra y el territorio en el que habitan, inicia una narrativa negativa en su contra para señalarlos como desestabilizadores del desarrollo. No solo se les criminalizan, sino se inician procesos penales en su contra, con miras a disuadir el ejercicio de sus derechos de asamblea y libertad de expresión.
“Es crucial que la PGR asegure que la investigación no se basa en evidencias sin fundamento o no confiables, originadas en represalia por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos, así como que su derecho a un juicio justo sea garantizado. Es alarmante el uso indebido del sistema penal para criminalizar y debilitar a los movimientos sociales que trabajan en la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en México”, destacó Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“El defensor medioambiental Manuel Gaspar Rodríguez, quien se enfrentaba a la misma investigación penal, fue asesinado el mes pasado en un contexto donde las personas defensoras se enfrentan a campañas de estigmatización y desprestigio.
“Por ello, Amnistía Internacional hace un llamado a la CFE a reconsiderar el uso del sistema de justicia penal en este caso y valorar su resolución por una vía alterna. Es fundamental implementar procesos adecuados de debida diligencia para garantizar que en la construcción de obras similares se respetan los derechos humanos de las personas y comunidades
–incluidos los defensores y las defensoras de los derechos humanos– afectados por las actividades de la CFE o de sus filiales, subcontratistas o proveedores, así como su derecho a la consulta libre, previa e informada.
“La organización urge a autoridades de los tres niveles de gobierno adoptar inmediatamente medidas de protección efectivas y coordinadas para garantizar la seguridad e integridad de personas integrantes de la Tosepan, el Comité de Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan y el MIOCUP de acuerdo con sus propios deseos para que puedan seguir realizando su labor de defensa sin temor a recibir represalias.
“Distintas comunidades indígenas y campesinas han reportado a Amnistía Internacional violaciones a derechos humanos en razón de la planeación e implementación de proyectos de exploración y explotación de bienes naturales en sus territorios, en particular la falta de consulta y consentimiento previo libre e informado. A consecuencia de ello, los miembros de las comunidades reclaman su derecho a participar en la toma de decisión de los proyectos que afectan su territorio y modo de vida.
“La consulta es una obligación del Estado. Las autoridades deben consultar y buscar el consentimiento de los pueblos indígenas previo a la concesión de permisos de exploración y explotación de los bienes naturales y territorios.
“Amnistía Internacional ha lanzado una plataforma que documenta estos y otros incidentes en contra de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente en México y la región. Disponible en https://speakout4defenders.com/”.
Acción urgente
Amnistía Internacional emitió una acción urgente para exigir una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, disponible para consulta en: https://amnistia.org.mx/contenido/accionurgentedefensorindigenaasesinadootraspersonasenpeligro/