El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) realizó una severa crítica al gobierno de Rafael Moreno Valle, ya que a pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la actual administración ha agudizado la criminalización de la protesta contra opositores a su gestión, con la detención número 42 en lo que va de medio año.
Desde el zócalo, los dirigentes Marco Mazatle y Ricardo Jiménez dijeron que el número de las aprehensiones hubiera sido mayor tan solo este fin de semana si ciudadanos no hubieran impedido la detención de la activista Irene Herrera Delgado por parte de la Policía capitalina.
Señalaron que Moreno Valle continúa “sembrando el terror” en el estado con detenciones masivas contra campesinos, amas de casa, mototaxistas y autoridades auxiliares.
Expusieron que a pesar de que la CNDH contó con elementos que evidenciaron las violaciones a los derechos a la vida, a la libertad de reunión, y como consecuencia de ello, a los derechos a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato digno, en Puebla continúa la impunidad.
Una decena de organizaciones sociales se sumó a la exigencia del MAS, del cese a la criminalización de la protesta en Puebla, como el Miocup, la Unión de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, la Unión de Defensa por los Verificentros, la Izquierda Democrática Nacional, la Confederación Campesina Cardenista, la Federación de Asociaciones Civiles, el Comité Ejecutivo del Partido del Trabajo, la Confederación Nacional Campesina, el Frente Municipal Cholulteca en Defensa de la Identidad y el Territorio, la Organización El Maíz, Unión Chalchihuapan y el Movimiento Nacional Los de Abajo.
“Desde la plaza de armas le recordamos al mandatario que los derechos a la libre expresión, reunión y petición son resultados de grandes conquistas en la defensa de los derechos humanos”, reclamó Mazatle Rojas.
Destacó que además de estar protegidas, estas garantías deben de ejercerse de manera pacífica y respetuosa, de conformidad con los principios y lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los dirigentes de cada una de las agrupaciones externaron su preocupación por el historial de detenciones en Puebla y, especialmente, por la parcialidad de la justicia en el estado; además, se pronunciaron contra el excesivo uso de la fuerza pública en respuesta a las manifestaciones.
Los declarantes condenaron el intento de detención de Irene Herrera, activista del MAS, a quien le “fabricaron” una infracción de tránsito, cuando no cuenta ni con vehículo propio, por lo que exigieron que se revelen las pruebas del ilícito, dadas las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad.
“Acusamos que este arresto ilegal, sin orden de por medio, se hizo por la negativa de la compañera a retirar el campamento de ayuno que sostenemos desde hace un mes en el zócalo, para exigir la libertad de más de 40 presos políticos en el estado”, denunció Ricardo Jiménez Ávila.
Finalmente, demandaron al gobierno que garantice que la gente no sea castigada por ejercer su derecho de reunión, que cese la represión y el “clima de terror” que se ha agudizado en el estado.
También denunciaron que “el derecho penal se ha usado como un castigo y método de control puesto en marcha de la manera más vil, ya que existen testimonios de manifestantes, familiares y abogados acusando la falta de información sobre el paradero de detenidos”.
En ese tenor, comentaron que es sorprendente el despliegue de fuerza puesto en marchas por el gobierno morenovallista para detener a personas que ejercen el derecho a la manifestación, lo que no ha mostrado ante el creciente índice delictivo en el estado.
Jiménez Ávila refirió que esto deja ver que se tienen los recursos policiales y de Fuerza Armada para atacar de manera efectiva el grave problema de la inseguridad que existe en Puebla, pero se aprecia que faltan voluntad y capacidad.
Foro académico en Chalchihuapan
Este mismo domingo un grupo de pobladores de Chalchihuapan dio a conocer la realización de un foro académico sobre el caso de violencia en su comunidad, con el respaldo de investigadores de diferentes universidades públicas y privadas.
La cita es el próximo domingo a las 10 horas en la explanada de la presidencia auxiliar, donde además participan las organizaciones sociales mencionadas.
Ese día, informaron, las agrupaciones emitirán un resolutivo de las mesas de trabajo y acordarán una estrategia de movilización social en contra del gobierno morenovallista.
Pese a la embestida, las organizaciones advirtieron a las autoridades que continúan en pie de lucha hasta lograr la libertad de los presos políticas en el estado.
Según la lista de detenidos por el gobierno estaal, suman 42 pobladores detenidos con el encarcelamiento de los ediles de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, y de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez.
Durante su intervención, Araceli Bautista, madre del presidente municipal de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, demandó a Moreno Valle que deje de aterrorizar a los habitantes de su comunidad, que sigue sufriendo la represión sistemática de su gobierno.
De nueva cuenta hizo público que existe una orden de aprehensión en su contra, basada en unas declaraciones que realizó a la empresa Tv Azteca Puebla, violentando con ellos su derecho a la libertad de expresión y manifestación, y pidió la solidaridad de los policías estatales para evitar más detenciones ilegales en el estado.
“Ellos también han sido víctimas del sistema”, secundó al final el abogado Alejandro del Castillo.