Martes, agosto 16, 2022

En 24 horas SCJN anula dos decretos del Congreso de Puebla por legislar sin consultar a grupos vulnerables

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En un lapso de 24 horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos reveses jurídicos contra el Congreso del estado por incumplir su obligación de consultar a grupos vulnerables antes de legislar en la materia. Primero invalidó una reforma de 2019 que creó al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas; después, anuló la Ley de Salud Mental que se expidió el año pasado.

En ambos casos la declaratoria de invalidez surtirá efectos dentro de 12 meses, que se contarán a partir de que el Poder Legislativo sea notificado de las sentencias, a fin de que subsane en ese plazo el error cometido.

La anulación se determinó a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual alertó en sendas acciones de inconstitucionalidad que el Congreso omitió consultar a indígenas y afromexicanos antes de avalar la reforma de 2019, así como a personas con discapacidad, previó a la aprobación de la Ley de Salud Mental.

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La LX Legislatura (2018-2021) es responsable de los dos decretos invalidados, en particular Gabriel Biestro Medinilla, exdiputado de Morena y actual secretario de Trabajo del gobierno estatal, y la legisladora del PT Nora Merino Escamilla, ya que ambos presidieron la Junta de Gobierno y Coordinación Política en ese periodo.

La Corte demora más de dos años en resolver una de las acciones

La SCJN tardó más de dos años en resolver la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH contra la reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

La enmienda permitió la creación del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas como un organismo público descentralizado responsable de definir, ejecutar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos indígenas.

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El lunes 6 de junio los ministros invalidaron el cuarto párrafo del artículo 2, así como la sección que va de los artículos 81 al 104 de ese ordenamiento, a propuesta de Yasmín Esquivel Mossa, ponente del proyecto.

La sentencia contra la Ley de Salud Mental surgió como un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien explicó en la sesión de ayer que el Congreso no atendió lo señalado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga al Estado mexicano a realizar “consultas estrechas” y colaborar de manera activa con las personas con discapacidad.

González Alcántara detalló que la normativa se expidió para regular el internamiento involuntario en hospitales psiquiátricos, así como el tratamiento médico a seguir atendiendo la peligrosidad de una persona.

En la lista de asuntos a tratar por el pleno de la SCJN todavía queda pendiente la discusión y votación de un proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel que resolvería una tercera acción de inconstitucionalidad de la CNDH, a través de la cual demanda la invalidez de diversas disposiciones de la Ley del Notariado que el Congreso reformó el año pasado.

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