El Congreso de Puebla lleva ventaja en la batalla jurídica que encabeza para mantener el cobro del derecho de alumbrado público, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes en marzo pasado las reformas a las leyes hacendarias y fiscales de los 217 municipios, a través de las cuales fijó las bases para la reactivación de esa medida recaudatoria.
Lo que sigue en litigio es la cuota autorizada para este 2022 en las leyes de ingresos de 141 municipios, por las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH).
Para hacer posible el cobro del DAP a partir de este año, los diputados locales modificaron primero la Ley de Hacienda Municipal del Estado, el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán, así como el Código Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andrés Cholula.
Las reformas determinaron que están obligados al pago de ese derecho “todas las personas físicas o morales que reciben la prestación del servicio”, las cuales cubrirán una cuota “que resulte de dividir el gasto total anual del servicio de alumbrado público, entre el número total de los sujetos del servicio”.
Las cuatro leyes quedaron firmes debido a que la CDH las impugnó fuera de los plazos permitidos por la ley, de acuerdo con el máximo tribunal de justicia del país.
En una notificación al Congreso de Puebla fechada el 23 de febrero pasado, la corte explicó que las normas combatidas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2021, por lo que el plazo de los 30 días naturales para la presentación de una acción de inconstitucionalidad empezó a correr el día siguiente, esto es el 25 de diciembre y feneció el 23 de enero.
“Lo procedente es desechar parcialmente la acción de inconstitucionalidad 9/2022 que hace valer la Comisión de Derechos Humanos del Estado”, determinó la SCJN.
A petición de la CDH, el alto tribunal revisará la constitucionalidad de las leyes de ingresos de los 141 municipios donde se aplica el cobro, listado en el que no están incluidos Puebla capital ni San Andrés Cholula porque el Congreso dio marcha atrás a la medida en esos municipios desde diciembre pasado.
En tanto, la CNDH refutó las leyes de ingresos de 76 municipios donde identificó que el cobro es inequitativo, por contemplar una tarifa única en municipios donde no todos los habitantes cuentan con alumbrado público.