Un total de seis funcionarios de la anterior administración municipal fueron sancionados por la Contraloría, y a 15 más se les iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, los cuales ocupaban cargos como subcontralor, titular de entidad, director, secretario técnico, jefe de departamento, enlace administrativo, coordinador especializado y policía.
Entre las conductas que fueron penalizadas por la administración del alcalde José Chedraui Bubid se encuentran cohecho, desvío de recursos y abuso en el ejercicio de funciones, de acuerdo con la contralora municipal Dulce Lilia Rivera Aranda.
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que después de encontrar los elementos necesarios, el área a su cargo sancionó a seis personas que integraron el anterior gobierno, las cuales se desempeñaron como coordinador especializado, directora general, analistas, en dos casos; y policías.
Las sanciones que alcanzaron fueron: dos amonestaciones privadas, una destitución, una inhabilitación por tres meses, una suspensión del cargo por tres días y otra por cinco días, debido a que incurrieron en cohecho, desvío de recursos y abuso en el ejercicio de funciones.
Por otra parte, la Contraloría abrió 15 expedientes de Inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (IPRAS), de las que ocho son por conductas graves y siete no graves, en contra de un coordinador general, dos directores, un enlace administrativo, cinco jefes de departamento, un secretario técnico, dos subcontralores, dos titulares de entidad y un titular de unidad.
La contralora recordó que los casos en los que se identificaron conductas graves tienen que ser canalizados al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que las no graves pueden alcanzar penalizaciones como amonestaciones públicas o privadas, sanciones económicas e inhabilitación por 12 años.
Apenas este lunes, Rivera Aranda dio a conocer que se fincará responsabilidades administrativas en contra de integrantes de la anterior administración encabezada por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, debido a que no hay documentación que justifique el uso de 387.6 millones de pesos, lo que ocurrirá en enero próximo. Estas sanciones son distintas a la que la Contraloría ya aplicó.
Las observaciones se derivan de auditorías al gasto corriente y al gasto de inversión, por 701.6 millones de pesos y mil 174 millones, respectivamente.
Las revisiones al gasto corriente, las cuales fueron 14, detectaron falta de entregables, deficiencia en la integración de expedientes, inconsistencias en registros contables y falta de controles internos, que sumaron 10.3 millones de pesos.
En cuanto al gasto de inversión, se llevaron a cabo cinco auditorías de las que tres ya concluyeron y dos están en proceso, las cuales implicaron revisiones a 65 obras, mismas que arrojaron observaciones por 377.3 millones de pesos, las cuales consisten en inexistencia de expedientes, ineficiencia en dictámenes, inconsistencias en contratos, deficiencias en requisitos en materia de medioambiente y pagos en exceso por volúmenes adicionales.
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