Domingo, abril 18, 2021

San Bernardino Chalchihuapan, 9 de julio de 2014

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Las imágenes de lo acontecido el miércoles 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan son escalofriantes. El gobierno pretende, espero que sin mucho éxito, convencer a la opinión pública local (porque parece que tiene perdida la batalla en los medios nacionales) que la responsabilidad de lo sucedido es exclusiva de los pobladores y ha difundido dos explicaciones, complementarias entre sí.

La primera, que señala a los pobladores como responsables exclusivos de la violencia, va contra la evidencia gráfica y el sentido común; resulta imposible comprender la conexión entre las versiones oficiales y los restos de bala de goma en la cabeza de José Alberto Tehuatlie Tamayo; la segunda, justifica la violenta respuesta oficial porque las juntas auxiliares son intrínsecamente corruptas y eso anula cualquier derecho a la manifestación, lo cual deriva en la “necesidad” de usar la fuerza pública: así, la supuesta corrupción en las juntas auxiliares constituye un cheque en blanco para la brutalidad policiaca. Dicho de otra forma, los poblanos debemos asimilar que José Alberto Tehuatlie Tamayo se encuentra en estado vegetativo porque los manifestantes le infringieron directamente las heridas o porque no le dejaron otra salida al gobierno. Me declaro incapaz de asumir semejante acto de fe.

Quisiera aprovechar para trascender las fronteras de los registros civiles en las juntas auxiliares y la brutalidad policiaca. Más allá de la dinámica de buenos contra malos, sin defender a las juntas auxiliares como espacios de democracia o a sus pobladores como la reencarnación de todos nuestros ángeles, resulta lamentable que el morenovallismo se adjudique la capacidad de decidir quiénes pueden manifestarse y la forma como deben hacerlo y dictaminando qué es tolerable y otorgando una respuesta brutal y desproporcionada a todo aquello que no le sea. El 9 de julio debe servir para pensar la naturaleza de nuestro régimen local (aunque también me declaro escéptico sobre la condición democrática de los organismos y la legislación locales), porque el asunto también dice mucho sobre el régimen poblano.

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Los acontecimientos desnudan tres características autoritarias del gobierno morenovallista: a) privilegia la violencia sobre el diálogo, visible en la predilección por el uso de la fuerza pública sin intentar resolver los conflictos pacíficamente, probablemente la ventaja más grande y difundida de las democracias; b) utilización abusiva de la violencia, sin protocolos que protejan la dignidad humana, sino la predilección por el abuso y la brutalidad, sin importar los daños físicos o la desaparición de personas; c) falta de rendición de cuentas, estado de derecho e impunidad, evidenciadas en la ausencia de destituciones y procedimientos administrativos contra jefes policíacos, al grado de protegerlos.

Más aún, creo que se haría mal en explicar los acontecimientos en la Atlixcáyotl desde un plano individual, porque van más allá de la locura de un jefe policiaco o la proclividad de un gobierno a la mano dura. Los hechos desnudan la persistencia autoritaria en el régimen poblano: hay condiciones institucionales (leyes y prácticas) que permiten la brutalidad policiaca, la discrecionalidad gubernamental para determinar quiénes y cómo pueden manifestarse, la impunidad y el cinismo que evidencia el gobierno.

*Estudiante de la Maestría en Ciencia Política de El Colegio de México.

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