Cartas a Gracia
La mañanera no deja de asombrar, Gracia, y la del miércoles 16 de diciembre, día de la primera posada que de realizarse se hiciera de manera clandestina, no sería la excepción. En ella, el titular del ejecutivo federal anunciaría la salida presurosa de Esteban Moctezuma Barragán hacia un destino diferente al que se especulara por algunos meses y que él mismo desmintiera: la candidatura para la gubernatura de San Luis Potosí. En cambio, trasladará su residencia a la embajada de México en la Unión Americana. Esta carta no tiene la intención de provocar una valoración de lo realizado ni de aquello que queda pendiente por hacer en la oficina educativa; no obstante, valdría la pena recordar, la falta de recursos para 11 de los 13 programas educativos eliminados en el Anteproyecto de Egresos de la Federación 2021 así como la readecuación de dos de ellos; los programas La Escuela es Nuestra y el de Escuelas de Tiempo Completo, proyectos que compartirán suerte y un incremento mayor a un 20 por ciento conjunto, que sería menor a la suma de los recursos que cada uno por su parte, ejercieran en el año 2020 y, por supuesto, el incumplimiento temporal que obligaba la aprobación de la Ley General de Educación Superior, con fecha límite al 31 de diciembre del año de la pandemia; cuestión que se realizaría -presuntamente- el 14 de enero del próximo año cuando la Cámara de Diputados sesione en un periodo extraordinario.
Mientras tanto, Gracia, destinaré esta carta -y la que te mandaré el día de los inocentes- a peinar un documento del que, senadoras y senadores, destacan temas relacionados con la autonomía universitaria, la gratuidad y el apoyo académico con principios de inclusión y equidad. Como te comenté en la anterior, el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, aprobada en primera instancia, definiría el marco legal y los alcances de la autonomía universitaria remitiendo al lector, a la fracción VII del Artículo 3º constitucional y los alcances de la misma; entre los que se encuentra el gobernarse de acuerdo a sus propias leyes, preceptos previamente autorizados por el Congreso de la Unión y por los Congresos locales. Las Instituciones de Educación Superior a las que se les otorgara autonomía determinarían en cada caso: “sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas”; adicionalmente, para el ingreso, la permanencia y la promoción de sus profesores e investigadores lo mismo que del alumnado, aun y cuando entre los postulados del actual gobierno se establezcan el acceso universal para todos los aspirantes.
Ingreso sujeto, por una parte, a las condiciones que establezcan las propias instituciones autónomas. Lo anterior, a pesar de reconocerse que “la educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas”, establecido en la Ley General de Educación y en el Artículo 3º de la ley en comento, en el que también se define que la obligatoriedad en la prestación del servicio corresponde al Estado. El último párrafo del artículo 38 señalaría el derecho que las personas tendrían “a elegir libremente la institución y el programa académico de su preferencia, previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior”.
Condiciones que deberían coexistir, Gracia. No podría existir una autonomía real para las Instituciones de Educación Superior, si no se contase con los recursos financieros suficientes para cumplir con los fines propuestos por el legislativo. Dineros que emanarían, en todo caso, del anteproyecto de presupuesto y que se aprobarían (de manera anual o multianual) por quienes -al menos formalmente- tienen el destino económico de los ciudadanos. Cierto, aprendimos en la escuela que el responsable de la elaboración del anteproyecto sería en todo caso el ejecutivo federal, quien los turnaría para los efectos que diera lugar al legislativo, a más tardar cada 8 de septiembre de cada año. El ejecutivo federal a través de sus oficinas, entre ellas la SEP, elaboraría de acuerdo al Artículo 47 del capítulo II De la Distribución de Competencias, del Título Cuarto De las Acciones, Concurrencia y Competencias, “en su respectivo ámbito de competencia y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la educación superior para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley”, y para elaborarlo, recibiría las propuestas que formulasen las autoridades educativas locales, facultad establecida en el Artículo 48. El procedimiento sería rutinario; las autoridades locales entregarían, con la debida oportunidad, un Programa Operativo Anual que, a su vez, las autoridades educativas federales integrarían un Programa Sectorial, que sería entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, finalmente, esta oficina elabore el Anteproyecto de Egresos de la Federación de cada año.
Los recursos de los que disponen las instituciones de educación superior siempre se encuentran en los límites de lo deseable, al margen de su correcta administración, Gracia. No son pocas -casi veinte- las que han declarado una quiebra permanente, poniendo en riesgo el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y solicitan siempre, fundamentalmente a fin de año, recursos adicionales para cubrir la nómina de diciembre, incluidas prestaciones y pago de aguinaldos. Asimismo, la parte de los recursos autogenerados derivados de las cuotas impuestas al estudiantado generarían movimientos estudiantiles de rechazo, desaparecerán gradualmente de acuerdo a los dispuesto en varios artículos de la nueva ley. Sigue disfrutando de tu enclaustramiento que yo haré lo mismo y, mientras tanto, te deseo felices fiestas.