El galimatías en que se ha convertido el caso de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) no tiene parangón. Pero el hecho de que haya sido el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas el que lo haya impulsado, a pesar de las muchas advertencias que desde las tribunas de expertos, académicos, urbanistas y otras voces a las que se dio proyección en esta casa editorial, hace necesario que esa administración asuma su responsabilidad.
Es necesario, por principio de cuentas, que el Poder Ejecutivo explique con claridad y precisión la manera en que recursos públicos fueron usados para la constitución del fideicomiso de ese sistema de desplazamiento, las causas por las que el proyecto fracasó y, en seguida, la manera en que será rescatado y los plazos en que el presupuesto estatal será recuperado.
En seguida es también indispensable la constitución de un organismo de vigilancia ciudadana que dé cuenta con veracidad de que la operación de la RUTA en verdad está generando mejores condiciones de traslado para los usuarios.
Este proyecto ha dejado en evidencia a qué punto la opacidad y los criterios unilaterales del gobierno estatal perjudican las finanzas públicas. Parece que las obras e instrumentos se plantean no con un interés genuino de servicio a los poblanos, sino con el propósito exclusivo de generar expectativas e imagen de progreso y bonanza para que el titular del Ejecutivo gane bonos en pos de sus aspiraciones políticas personales.