El gobernador Alejandro Armenta Mier exigió este lunes a los empresarios del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, que si tienen “tantita vergüenza” liberen el contrato por el que se construyó el Museo Internacional Barroco (MIB), para evitar que sigan saqueando las arcas del estado de Puebla.
“El saqueo es brutal, hoy el Museo no es de los poblanos sino de los empresarios; si tuvieran tantita vergüenza ya hubieran entregado el museo a los poblanos, pero no la tienen, es un robo quitarle el dinero al pueblo”, reclamó, de forma airada.
En las instalaciones de Casa Aguayo, el mandatario estatal aseveró que estará pendiente de la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para buscar rescindir los “contratos leoninos”.
Incluso, retó a los empresarios a liberar los contratos de las líneas del Metrobús, del MIB y la privatización del agua, a cambio de que el Congreso del estado de Puebla les entregue un reconocimiento para recuperar su honorabilidad y dignidad.
Esto luego de señalar que los empresarios que se enriquecieron bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), “les debería dar vergüenza de tener empresas que solo ponen en riesgo a la población”.
El Museo Internacional Barroco, considerado el más caro del mundo, es propiedad de un grupo de empresarios asociados en la firma Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, entre los que también está la familia Hank Rhon, quienes cobrarán por 23 años una tasa de interés por contrato de casi 10 por ciento del costo total de la obra, que asciende a 18 mil 337 millones de pesos.
A lo largo de la administración de Rafael Moreno Valle en el gobierno de Puebla, Hinojosa Cantú ganó contratos por un monto de 26 mil 212 millones de pesos, lo que representa 34 por ciento del presupuesto de la entidad, y 600 por ciento del gasto anualizado de la capital del estado.
Armenta Mier comentó que el peor virus que hay en Puebla en la actualidad, no es precisamente el Metapneumovirus ni la enfermedad de la obesidad, sino los APP y PPS.
“Nos condenaron a una deuda oculta de más de 60 mil millones de pesos que se ha ido pagando; que no se nos olvide para que no se vuelva a repetir, que nunca más un gobernador llegue al estado a saquear a la población con obras”, dijo en alusión a las obras y los problemas financieros heredados desde el sexenio del panista Rafael Moreno Valle (2011-2017).
Dueños del MIB, RUTA y el agua, son delincuentes de “cuello blanco”
Por otro lado, el gobernador acusó que el Sistema RUTA Puebla fue construido a través de “contratos leoninos” que beneficiaron la corrupción y el saqueo de las arcas del estado, mientras que ponen en circulación “vehículos chatarra que contaminan y ponen en riesgo la vida, por eso no vamos a solaparlos”.
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Comentó que ya tuvo acercamiento con el empresario transportista Jesús Padilla Zenteno, dueño de Corredor Insurgente (CISA) que opera la línea 1, para llegar a un acuerdo.
Durante la conferencia, informó que revisará los contratos con los que fueron creados las líneas 1, 2 y 3 del Metrobús, después de que se renueve la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Vamos a estar de lado de la población, lo digo con mucho respeto, pero hicieron concesiones leoninas, no lo decimos para deslindarnos de nuestra responsabilidad, pero hay muchas cosas que están hechas para beneficiar la corrupción y el saqueo”, sostuvo.
Armenta Mier afirmó que estos contratos benefician a “seudoempresarios”, a quienes calificó como delincuentes de “cuello blanco”, por hacer tan bien los títulos de concesión que son casi imposible rescindir porque el Estado se haría acreedor a multas millonarias.
“Si nosotros actuamos jurídicamente para cancelar un contrato, la sanción es multimillonaria; ya hicimos las investigaciones, hay abogados expertos que tienen la información y sabemos cómo actuar, pero si nuestra determinación es jurídicamente contundente el Estado perdería miles de millones de pesos por sanción”, advirtió.
Comparó que los contratos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) son similares a los que se crearon para la construcción del Museo Internacional Barroco y la privatización del servicio del agua, drenaje y alcantarillado en Puebla.
“A las líneas de la RUTA los subsidia el Estado y verdaderamente tienen unidades chatarra que contaminan y que ponen en riesgo la vida de las personas”, condenó.
En ese sentido, Alejandro Armenta sentenció que el gobierno “no está para solapar la corrupción ni este tipo de contratos”, pero reconoció que mientras no haya una renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no darán un paso adelante.
Como ejemplo, expuso que los magistrados del viejo régimen sancionaron a Puebla con pagar casi 600 millones de pesos por una obra que se inició en el Arco Norte, cuando aseveró que lo único que la empresa pagó fueron 50 millones de pesos por derecho de vía.
Finalmente, sostuvo que la corte federal protege a un grupo de empresarios que saquea al Estado, por lo que argumentó que está a favor de la democratización del Poder Judicial para que se haga justicia y quienes estén a cargo “no pongan de rodillas” las arcas públicas para enriquecer a delincuentes disfrazados de empresarios.
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