Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desde 2021 que es inconstitucional la regulación del aborto en Puebla por criminalizarlo de manera absoluta, el presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López, insistió que el tema debe someterse a revisión de diferentes grupos, incluidos los religiosos, antes de impulsar cambios en la normativa.
El también coordinador de la bancada mayoritaria de Morena realizó la afirmación a una semana de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo (8M) próximo, fecha por la cual el Poder Legislativo del estado preparó un paquete de reformas contra la violencia que enfrenta el género femenino, del que quedó fuera la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En conferencia de medios, Castillo justificó que el Congreso mantenga una sanción de cárcel que ha sido declarada inconstitucional por la SCJN, en que el fallo que emitió el máximo tribunal de justicia de México el 7 de septiembre de 2021 no ordenó a los diputados poblanos a hacer correcciones.
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En Puebla el aborto voluntario se sanciona con tiempo en prisión que puede ir de los seis meses hasta un año, de acuerdo con el artículo 342 del Código Penal local.
En tanto, la sentencia emitida por la SCJN 15 meses atrás determinó que las 32 entidades federativas deben permitir la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación y que toda medida contraria a eso debe ser inaplicada “por todos los jueces de México, tanto federales como locales”.
La Corte concluyó que se debe garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, por lo que el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, expresó que se trató de una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables.
Hasta el momento el aborto se ha despenalizado en Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz (2021), Hidalgo (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022) y Quintana Roo (2022), la mayoría dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
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El paquete de reformas que aprobará el Congreso de Puebla con motivo del 8M contempla modificaciones al Código Penal para imponer hasta 40 años de prisión por ataques con ácido, así como cambios al Código Civil a fin de retirar la patria potestad de menores de edad a padres sentenciados por feminicidio o intento de feminicidio de la madre.
