Una resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca ha modificado sustancialmente el curso del conflicto legal en torno a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al absolver a cinco miembros de la familia Jenkins y dos de sus abogados de las acusaciones por presunto desvío de recursos de la Fundación Mary Street Jenkins.
El fallo también invalida las órdenes de aprehensión y la carpeta de investigación reactivada por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2020, al considerar que dicha reapertura fue improcedente, ya que el caso había sido cerrado formalmente desde 2018.
Los absueltos son Roberto, María Elodia y Margarita Jenkins, junto con Elodia Sofía de Landa Irizar, Juan Guillermo Eustace Jenkins y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.
Esta decisión representa un giro significativo en una disputa familiar que se remonta a 2014, cuando Guillermo Jenkins de Landa acusó a sus familiares de desviar aproximadamente 720 millones de dólares de la fundación.
La Fundación Mary Street Jenkins, que posee el campus de la UDLAP, ha sido el epicentro del conflicto. En 2021, derivado de este pleito, la universidad suspendió operaciones durante siete meses, registrando la pérdida de miles de estudiantes y despidos masivos de personal académico, los daños han sido calculados en más de 300 millones de pesos.
La sentencia del tribunal no sólo exonera a los implicados, sino que también debilita las bases legales sobre las que se sostuvo la intervención en la UDLAP.
A partir de ahora, se abre un nuevo escenario para los actores involucrados en la pugna por el control de la institución, con posibles repercusiones tanto jurídicas como administrativas en su estructura de gobierno y operación.
