El cabildo de la Comuna de Atlixco aprobó por mayoría un dictamen que deja sin efecto el otorgamiento de la licencia de construcción y los permisos de uso de suelo del gasoducto Morelos que cerca la falda del volcán Popocatépetl.
Esto significaría que podría estar en riesgo la operatividad del Proyecto Integral Morelos (PIM) que quedó concluido desde 2017; sin embargo, a falta de consenso de las autoridades de comunidades indígenas no ha entrado en funciones.
La regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evelia Mani, dijo que la justicia llegó tarde a las comunidades de Atlixco.
En 2015 la entonces comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, y el activista Juan Carlos Flores Solís fueron a prisión por oponerse a las obras del gasoducto que cruzan tierras de cultivo de la región.
En febrero pasado, el juez Federal de Primer Distrito ordenó la suspensión de la construcción y el funcionamiento del gasoducto a cargo de la compañía Autoabastecedora de Gas Natural de Morelos, SA de CV, obra que provocó la organización de habitantes en tres entidades para impugnar su avance por presuntos daños que provocaría a sus comunidades.
A un año del amparo ganado, la abogada Patricia Montaño Flores, defensora de las comunidades afectadas por el paso del gasoducto, expuso que el tema de la revocación de las licencias de construcción se está revisando.
Admitió que el propio cabildo no puede “autorevocar” decisiones tomadas, pues se pondrían en duda los actos de la institución; por lo que no dudó que la empresa de origen italiano Bonatti Spa, a cargo de la obra, interponga un amparo contra el resolutivo del cabildo del ayuntamiento de Atlixco.
“La empresa está en todo su derecho de ampararse, pero si nos abocamos a la política nacional que tiene que ver con la defensa del territorio, los derechos ambientales y sociales por encima de una política energética, creo que vamos ganando”, destacó.
En ese sentido, celebró la decisión de los regidores que conforman el cabildo de Atlixco.
Por otro lado, Patricia Montaño informó que hay un tramo del gasoducto en territorio de Tlaxcala que está inconcluso y lo que se desconoce es si está resuelto el recurso de revisión que interpuso la empresa trasnacional.
Refirió que en una de las mesas de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se dijo que el gasoducto Morelos está operando, pero aseveró que tal declaración no está confirmada porque no hay presencia de trabajadores ni ruidos que aseguren el traslado de gas natural.
El Proyecto Integral Morelos estuvo a cargo de la empresa italiana Bonatti Spa, las españolas Elecnor, Enagas y Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad. La traza comprende un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho que atraviesa 60 comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
A finales de 2018, la empresa TransCanadá confirmó que clausuraron de forma definitiva el gasoducto Tuxpan, que atravesaba municipios de la Sierra Norte de Puebla, por la resistencia de pueblos originarios y mermas económicas que generaron las refomas a leyes de ingresos municipales.
En el caso del gasoducto de Tuxpan, Montaño Flores precisó que tampoco operó pero es importante darle continuidad a la lucha social y legal para “hacer presión” con el cabildo del municipio de Huauchinango, a fin de que revoque los permisos de uso de suelo y de construcción.
El próximo 2 febrero, el Día de la Candelaria, informó que se festeja en el santo patrono de la comunidad de Cuacuila, celebra un año de resistencia contra el gasoducto.