El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio de Puebla advirtieron que el ayuntamiento de la capital estatal estaría violando un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe a cuerpos policíacos hacer revisiones arbitrarias a ciudadanos.
En esa lógica, ambas instancias expresaron su preocupación por los operativos implementados en el Centro Histórico por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Comuna que preside el panista, Eduardo Rivera Pérez, bajo el pretexto de detectar personas supuestamente “sospechosas” (sic).
En un comunicado conjunto dado a conocer este martes, ambas organizaciones advirtieron que la “detención y revisión de personas por parte de instituciones policiacas sin motivo fundado –ya sea orden judicial, flagrancia o durante el proceso de una investigación– violenta los derechos humanos y podrían constituir abuso de autoridad y detenciones arbitrarias”.
Agregaron que existe evidencia de que el hostigamiento policial y la “perfilación de personas sospechosas” generalmente está basado en prejuicios y estereotipos étnico-raciales, de género, culturales, socioeconómicos, entre otros, lo que constituye discriminación y la criminalización de ciertos sectores de la población.
Refirieron que en 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y 11/2014, que “está prohibido que los policías inspeccionen a personas y vehículos a su antojo”, determinando que “es ilegal y arbitraria cualquier inspección que no se realice en casos de flagrancia o cuando no hay una investigación”.
El pasado 10 de agosto, Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana de la Comuna angelopolitana, afirmó que las revisiones aleatorias que se hacen a transeúntes en el Centro Histórico de la ciudad no son discriminatorias, ni vulneran las garantías individuales de las personas establecidas en la Constitución.
La funcionaria expresó que las auscultaciones a ciudadanos en las calles por parte de elementos de la fuerza pública “no es algo que se hace en estos días si no históricamente y nosotros aplicamos desde el inicio de la administración a través de nuestros planes y estrategias de seguridad”.
Dos días antes, el pasado 9 de agosto, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, subrayó que las revisiones responden a estrategias de “inteligencia” para inhibir delitos y detectar portación ilegal de armas y drogas.
El munícipe añadió en aquella ocasión que los operativos están ajustados a la ley y se le ha pedido a los agentes que respeten las garantías individuales de la gente.
En esa lógica, aseveró que el ayuntamiento “no se va a sentar en un café a esperar a que salgan los delincuentes”, por lo que se deben tomar medidas para mejorar la seguridad en el municipio.