Gobierno de Puebla, al pendiente de la revisión del TSJ al caso de Sergio Rivera, dijo Barbosa

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La sentencia que el juez de Tehuacán, Mario Cortés Aldama, emitió la madrugada del viernes pasado para liberar a los tres detenidos por la desaparición del activista, Sergio Rivera, está sujeta a revisión por apelación y el gobierno del estado se encuentra al pendiente del proceso, informó Luis Miguel Barbosa Huerta.

Al gobernador de Puebla le preguntaron esta mañana su opinión sobre que el subsecretario federal de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un llamado a que se reconsidere la liberación de los tres implicados en el crimen, a lo que respondió:

“El proceso en el cual fueron liberadas personas sujetas a proceso por la desaparición del activista en Coyolapa, el líder en contra de la construcción de una hidroeléctrica está sujeto a revisión en apelación y es el Tribunal Superior de Justicia el que tendrá que decidir sobre si el juez de primera instancia tuvo razón legal o no la tuvo”. 


Y añadió: “Nosotros no podemos expresarnos sobre un asunto que es competencia del Poder Judicial, no podemos. Ya hemos tratado ese tema con el Tribunal Superior de Justicia y hemos pedido una aplicación escrupulosa, rigorista de la ley, estrictamente de la ley. No procede ninguna medida cautelar, no no, no, es un asunto del Poder Judicial, es la segunda instancia, así es que solo diré que vamos a estar pendientes de ese asunto”.

Sergio Rivera es un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales y miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y desapareció el 23 de agosto de 2018 mientras transitaba en su motocicleta por la carretera que va de la comunidad de Coyolapa hacia la comunidad de Tepexilotla.

El 18 de septiembre de 2018, fueron detenidos tres de las cuatro personas que participaron en la desaparición de Sergio Rivera.

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2019 se dio inicio al juicio por la desaparición de Sergio, el cual es de suma relevancia, ya que se trata del primer caso en México en el que se juzga a probables responsables en calidad de particulares en un caso de desaparición de un defensor de derechos humanos con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El personal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante su requerimiento, compareció con el juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la región judicial sur–oriente con sede en Tehuacán, Puebla, con la finalidad de dar cuenta de las actividades de defensa de derechos humanos de Sergio Rivera Hernández.

El viernes pasado, en el noticiario que conduce la periodista Carmen Aristegui, el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, denunció que el juez de Tehuacán Mario Cortes Aldama lo llamó a las 2:30 de la mañana diciéndole que tenía que movilizarse en ese mismo momento para presenciar la resolución del juicio contra los tres detenidos por la desaparición forzada del activista Rivera Hernández.

El abogado defensor de los familiares de la víctima se trasladó tan rápido como pudo al lugar donde se desarrollaba el juicio; sin embargo, a las 4 de la mañana la audiencia ya estaba terminada.

David Peña acusó actos de racismo y discriminación luego de que el juez que llevó el caso desestimara declaraciones de testigos clave para el caso debido a que éstas se realizaron en lenguas originarias.

Incluso, señaló, se presentó una demanda en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Puebla; sin embargo, el Tribunal de Justicia hizo caso omiso de las acusaciones.

“Hace 20 años cuando presentamos denuncias contra servidores públicos, la fiscalía nos dijo ‘licenciado, es que perro no come perro, entonces no vamos a investigar a nuestra propia gente’. Esto ocurre igual acá, el Tribunal de Justicia tenía la posibilidad de cambiar al juez frente a todas estas irregularidades, nosotros solicitamos que se cambiara al juez y simplemente el Tribunal de Justicia no comió perro, dejó al juez hasta terminar con esta violación indignante a los derechos de las víctimas”, acusó.