Este viernes el Juzgado de Oralidad Penal de la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo determinó que revisará la suspensión del proceso en contra del ambientalista y defensor del río Metlapanapa, Miguel López Vega.
Como condicionante, impuso que el activista continúe firmando en el penal de San Miguel todos los jueves, no cambiar de domicilio y hacer servicio social en el Bachillerato de la comunidad de Santa María Zacatepec.
Así se determinó en audiencia efectuada la tarde de este viernes en la Casa de Justicia en mención, donde la juez citó a una segunda revisión de las pruebas presentadas por la defensa legal de López Vega, a fin de determinar la suspensión del caso.
No solo se buscaría la suspensión definitiva del proceso en contra de López Vega, considerado como el primer preso político del gobierno barbosista, según el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla, sino además que se les conceda medidas cautelares.
Actualmente, el ambientalista está procesado bajo caución por ataques a las vías de comunicación.
Por lo tanto, el abogado Juan Carlos Flores confió que en un término de seis meses la juez pueda dar por concluido el proceso legal en contra de su compañero de lucha.
Adelantó que la nueva audiencia se llevará a cabo el próximo lunes 11 de octubre a las 9 horas, a un año y ocho meses de su detención en enero de 2020.
Miguel fue procesado por presuntamente incurrir en los delitos de daños a un vehículo de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), así como por el cierre de la autopista México-Puebla y la utilización de explosivos.
Por otro lado, la defensa legal acusó que el Ministerio Público de prácticas dilatorias, debido a que no se ha presentado a declarar durante el año y ocho meses desde que inició el proceso legal.
“Está actuando con saña hacia Miguel López, llevamos así mucho tiempo y a eso sumamos la crisis de la pandemia por Covid-19 que ha tardado las actividades en los juzgados”, señaló.
López Vega participó en vísperas a su detención, el 24 de enero de 2020, en acciones de resistencia junto a pobladores de Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, para evitar el avance del Proyecto de descarga de aguas residuales de la Ciudad Textil de Huejotzingo en el río Metlapanapa.
El proyecto incluiría la instalación de proveedores de Audi y Volkswagen en esa zona.
Cabe recordar que el 30 de octubre de 2019, lugareños de Zacatepec se enfrentaron a pedradas y palos contra policías estatales y municipales, así como a agentes de la Guardia Nacional que pretendían abrir paso, por medio de la fuerza, a la maquinaria que instalaría los tubos del drenaje.
En el choque, los vecinos fueron golpeados y gaseados por los policías que buscaban levantar un plantón que tenían para evitar la consumación de la obra, pues en agosto de 2019 realizaron una sesión abierta de Cabildo en la que confirmaron su negativa a los permisos para el paso de drenaje que, aseguraron, aumentaría el grado de contaminación del afluente, del que depende su consumo humano y sus actividades agrícolas.
Durante estos hechos fue quemada una camioneta propiedad del Sistema Operador de Agua de Puebla y Miguel López fue acusado de encabezar ese hecho, con base en dos testimonios que aseguran haberlo visto lanzar piedras y una bomba molotov contra la unidad.
El sábado 25 de enero, un juez de control negó al activista el derecho de libertad bajo fianza, bajo el argumento de su “peligrosidad” por haber usado “armas y explosivos”; tres días después fue desechado este delito, a falta de pruebas, y el activista continúa procesado por ataques a las vías de comunicación.