El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se comprometió ante el Consejo Estatal de Morena a abrir una mesa de trabajo para revisar la concesión del agua en el municipio de Puebla y su zona conurbana. Establecer una mesa de trabajo para analizar la viabilidad de que se desprivatice el servicio de agua potable constituye un avance en la lucha que encabezan activistas, organizaciones y defensores del derecho humano al agua para que el servicio sea brindado por los ayuntamientos correspondientes.
El tema parecía cerrado a pesar de que se había constituido como un compromiso de campaña de los candidatos morenistas, que no se concretó aunque sigue siendo una demanda ciudadana y de colectivos y activistas que han sostenido la exigencia frente a las arbitrariedades de la concesionaria Agua de Puebla.
Incluso desde el 15 de enero comenzó formalmente una consulta ciudadana que busca juntar 30 mil firmas, que serán llevadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar dicha consulta popular, debido a que en Puebla no existe una ley que ordene este tipo de ejercicios democráticos, tan necesarios para tomar en cuenta las opiniones ciudadanas y sobre las que se debería legislar y luego de que el gobernador del estado y el alcalde de Puebla coincidieron en que la discusión sobre la remunicipalización del servicio del agua estaba cerrada o agotada, aunque en ambos casos se manifestaron por la obligación de la concesionaria de cumplir con dotar a la ciudadanía de un servicio de calidad, así como cumplir con el saneamiento, para lo cual le fue otorgada la concesión y que hasta la fecha ha incumplido.
Con la frase “no está agotado” los activistas cuestionaron en ese momento que las autoridades dieran por cerrado el tema cuando existe un problema latente de desabasto, escasez, así como de pésima calidad del agua en los domicilios, provocada por la empresa Concesiones Integrales, Agua de Puebla, que no ha realizado hasta la fecha la inversión requerida para mejorar el servicio ni realiza el saneamiento necesario para disminuir los niveles de contaminación del Atoyac, pero sí aumenta tarifas y realiza cortes en el servicio.
Revisar el tema y la problemática en que ha derivado la privatización del servicio del agua y el saneamiento implica transparentar el proceso en que la concesión se otorgó, cuyo contrato permanece en la opacidad.