A un mes de la elección ya es inevitable el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Incluso entre los sectores más recalcitrantes de la derecha domina ya un ambiente de aceptación, aunque siguen existiendo algunas resistencias de quienes se niegan a dejar de vivir a costa de los privilegios que han logrado al amparo del poder público. Ya ni siquiera la guerra sucia ni la manipulación mediática han logrado contener la avalancha social que gira en torno al liderazgo de AMLO para la transformación pacífica de nuestro país.
El triunfo no será solo el de la presidencia, pues MORENA se convertirá en la primera fuerza política nacional, ya que tendrá mayoría en el congreso y ganará la mayor parte de las alcaldías y gubernaturas en disputa. Esto facilitará la puesta en marcha de la plataforma de gobierno, con una amplia participación de los diferentes sectores sociales y las fuerzas políticas que confluyen en este momento decisivo de la historia de México.
Una de las piedras angulares del Proyecto de Nación 2018-2024 de la Coalición Juntos Haremos Historia, es el del restablecimiento de un sistema de precios de garantía para productos como maíz, frijol, trigo, soya, arroz, sorgo y lácteos, entre otros, tal y como se lleva a cabo en Estados Unidos y Canadá. Al respecto, AMLO ha señalado: “Se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, se le va a pagar bien a los productores y, ahora como ustedes lo saben y lo padecen, tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan. Vamos a que reciban buenos precios por el frijol, no como ahora, no estos ocho pesos por kilo, sino que se les pague bien, van a haber precios de garantía, compensaciones y lo que vamos a buscar es que esos apoyos lleguen de manera directa al productor”.
Esta estrategia se acompañará de un proceso transformación de la banca de desarrollo rural, integrando en una sola entidad el crédito, apoyos, servicios de garantía, seguros, capital de riesgo y coberturas de precios, con el fin de optimizar los recursos públicos y evitar la concentración de beneficios en determinados productores y/o empresas.
Los precios de garantía permitirán a los campesinos no estar sometidos a las asimétricas condiciones del mercado yobtener un pago justo por sus productos, evitando que se descapitalicen y que sigan sumergidos en la vorágine del empobrecimiento que los ha obligado en las últimas décadas a migrar, dejando atrás a sus familias y a su vida comunitaria. Esta política pública representa un ejercicio elemental de justicia para quienes con la generosidad de su trabajo llevan hasta las mesas de las familias mexicanas los alimentos que consumimos. Por otro lado, es un componente esencial de la amnistía que busca construir la paz a partir de ofrecer alternativas reales, no asistencialistas, a los campesinos que ante la falta de oportunidades o por la fuerza, han pasado a integrar el eslabón más bajo del crimen organizado.
Es cierto que el establecimiento de precios de garantía para productos agropecuarios no será una tarea fácil. Se tendrán que establecer metodologías diferenciadas que partan de diagnósticos precisos, regionales y que consideren los costos de producción, los rendimientos, las tasas inflacionarias y los precios internacionales. Además, se deberá partir del hecho de que no cuesta lo mismo producir una tonelada de maíz en una parcela milpera de un pequeño productor, bajo el régimen de temporal en una zona montañosa, que producirla en las fértiles tierras del Valle de Culiacán, bajo condiciones de riego y de monocultivo. Un reto monumental será garantizar estos precios a los pequeños productores que no tienen los medios para trasladar su cosecha a los centros de acopio, viéndose en condiciones desventajosas, lo que podría provocar un mayor desequilibrio en las condiciones del mercado.
Por otro lado, no será una política improvisada, pues en México el establecimiento de precios de garantía para el maíz, el frijol, el arroz, el trigo y otros productos tiene una gran trayectoria que se remonta a la década de los cincuenta. Existe además una importante experiencia acumulada en organismos públicos encargados de elaborar los estudios técnicos para determinar los precios de garantía, como fueron en su momento la Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario, formada en 1972 o el Comité Técnico de Precios de Garantía y Variables de Comercialización para Productos del Campo, creado en 1977.
Quienes se oponen a que Andrés Manuel materialice este proyecto son los integrantes de la mafia en el poder, responsables de las políticas neoliberales que han desmantelado y descapitalizado a las instituciones del Estado que han atendido a los campesinos de México, retirando subsidios y la asistencia técnica para mejorar la producción agropecuaria.
Los movimientos campesinos tienen clara esta coyuntura histórica y por ello más de cien organizaciones rurales de todo el país firmaron con AMLO el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 el pasado diez de abril, en Zacatecas, que contiene los lineamientos fundamentales por los que habrá de transitar la recuperación del campo a partir del primero de diciembre. En unos cuantos días el pueblo de México pondrá fin a la larga noche del dominio priista y panista, por lo que podemos decir con júbilo y esperanza que nos encontramos en la antesala de una nueva etapa también para el campo mexicano, en la que ser campesino dejará de ser signo de atraso y sobre todo un destino del que se busca escapar.
