La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local acordó solicitar información a ocho instituciones públicas para atender la solicitud de revocación de mandato que pesa sobre el alcalde Felipe Patjane Martínez y la petición de desaparecer el ayuntamiento de Tehuacán para poder instalar un Concejo Municipal.
En entrevista, la presidente de ese órgano parlamentario, la diputada de Morena Rafaela Vianey García Romero, estimó que el Poder Legislativo emitirá una resolución a finales de este mes.
La revocación de mandato de Felipe Patjane se considera por el proceso penal que éste enfrenta en prisión desde el 18 de noviembre pasado, por el delito del uso indebido de la función pública, mientras la desaparición del ayuntamiento se analiza ante la incapacidad del cabildo para rendir protesta al suplente.
La Comisión de Gobernación busca allegarse de actuaciones y elementos públicos relacionados con quejas o denuncias en proceso en contra de ese gobierno y de sus autoridades, así como procedimientos administrativos o de carácter penal relacionados con el manejo de recursos públicos.
La información y documentación se requirió a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Superior de Justicia, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, a la Secretaría de la Función Pública, al Tribunal de Justicia Administrativa y al ayuntamiento de Tehuacán.
Durante la discusión del acuerdo, el diputado del PRI Javier Casique Zárate solicitó que se garantice el derecho de audiencia para todos los involucrados, para evitar que se les deje en estado de indefensión.
En tanto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia votó en abstención el acuerdo, al acusar que no se entregó a los miembros de la Comisión de Gobernación con las 24 horas de anticipación que exige la norma interna del Poder Legislativo.
El Congreso también aprobó un acuerdo por el cual se le otorga a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una prórroga de cinco meses para la presentación de los informes de resultado de la fiscalización superior del ejercicio fiscal 2018, correspondiente a las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas.
La ASE solicitó la medida ante la carga de trabajo que enfrenta y con el fin de que las carpetas sean debidamente sustentadas para evitar cualquier acción jurídica en contra por parte de los sujetos obligados como ocurrió en legislaturas pasadas.