El Centro de Estudios sobre la Pobreza Rubén Jaramillo Ménez demandó que la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarezca las circunstancias que llevaron a la muerte al niño indígena Cristian Gobierno en Huitzilan de Serdán, pues se tiene información de que no se practicó la autopsia de rigor y la dependencia ha tardado más de un mes y medio en exhumar el cadáver para hacer las pruebas periciales que confirmen si fue asesinado, como aseguran sus familiares, o pereció por un ataque al corazón, como aseguró la autoridad de ese municipio.
En el comunicado, la organización: “hace un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que esclarezca de manera inmediata y transparente las circunstancias que llevaron a la muerte del niño indígena Cristian Gobierno, oriundo del municipio de Huitzilan de Serdán”.
“De acuerdo con información declarada por familiares del menor y publicada por medios de comunicación, la FGE no realizó la autopsia de rigor en el momento oportuno y ha tardado más de un mes y medio en exhumar el cuerpo para llevar a cabo las pruebas periciales necesarias. Esta situación ha generado gran incertidumbre y dolor entre los familiares del menor, quienes aseguran que Cristian fue asesinado, mientras que las autoridades municipales han argumentado que su muerte fue causada por un ataque al corazón”, agrega en el documento.
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El Centro de Estudios sobre la Pobreza Rubén Jaramillo Ménez “considera inaceptable la demora en las investigaciones y exige a la FGE que proceda con celeridad y profesionalismo para esclarecer los hechos. La falta de una autopsia inmediata y la posterior tardanza en la exhumación del cuerpo son indicios preocupantes de una posible negligencia que debe ser investigada a fondo”.
“La comunidad de Huitzilan de Serdán y los familiares de Cristian Gobierno tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido y a que se haga justicia. La desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad sólo pueden ser revertidas mediante un actuar diligente y transparente por parte de las autoridades competentes”, apunta el centro.
Y añade: “Es crucial que la FGE garantice un proceso imparcial y exhaustivo que contemple todas las posibles líneas de investigación, incluyendo la hipótesis de un posible asesinato, como han sostenido los familiares del menor. Asimismo, se hace un llamado a las autoridades municipales y estatales a colaborar plenamente con la Fiscalía y a proporcionar toda la información y recursos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
“Este lamentable incidente subraya la urgente necesidad de mejorar los procedimientos y protocolos de actuación en casos de muertes sospechosas, especialmente cuando involucran a menores de edad y comunidades vulnerables. El respeto a los derechos humanos y la justicia deben prevalecer en todo momento.
“Reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y vulnerables en Puebla. Exhortamos a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación a mantenerse vigilantes y a seguir exigiendo justicia para Cristian Gobierno”.