Jueves, agosto 18, 2022

Reprimen a pobladores de Chalchihuapan; un niño herido de muerte

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Al cierre de la presente edición, vecinos de San Bernardino Chalchihuapan se encontraban a la expectativa de que la fuerza pública del gobierno estatal irrumpiera a su municipio para intentar rescatar a una policía que mantenían en calidad de retenida.

Los vecinos se preparaban con piedras, palos y otros objetos –incluidos toletes, escudos y dispositivos de gas lacrimógeno– para recibir por la noche a los uniformados.

En la autopista Puebla–Atlixco permanecía un contingente de aproximadamente 200 granaderos.

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Los vecinos y los oficiales chocaron este mediodía, cuando los primeros bloquearon la vía de peaje y también la carretera federal Puebla–Atlixco, a manera de protesta porque el gobierno de Rafael Moreno Valle le quitó a las juntas auxiliares la facultad de prestar el servicio del registro civil.

La movilización fue parte de una acción orquestada en todo el estado por Coordinación Estatal por la Identidad de los Pueblos (Cedip), la organización que aglutina a presidentes de juntas auxiliares y otros representantes de las comunidades que exigen la restitución del registro civil.

Hubo cierres de otras carreteras –incluida la federal a Atlixco–, pero el gobierno de Moreno Valle solo reaccionó violentamente para despejar la vía de peaje.

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El cierre de la autopista Puebla–Atlixco sucedió al filo de las 12 horas, y al filo de las 14 los granaderos iniciaron la represión.

Tras despejar la pista, los uniformados persiguieron a los vecinos, quienes se replegaron en un puente. Los gendarmes llegaron ahí y prácticamente cayeron en una trampa, pues por los dos lados los vecinos les cerraron el paso y les aventaron piedras, palos y otros objetos.

Según los testigos, los uniformados estaban desesperados y disparaban gases lacrimógenos y balas de goma a discreción. Algunos incluso se aventaron a un costado del puente, saltando de una altura aproximada de cuatro metros.

Los vecinos se quedaron con algunos escudos, cascos, toletes, proyectiles de goma y contenedores de gas lacrimógeno.

Durante la refriega, José Luis Alberto, un niño de 13 años, resultó herido en la cabeza. Sus familiares y testigos de los hechos aseguran que el objeto que lo lesionó era una bala de goma disparada por los oficiales, y hasta mostraron algunos proyectiles, pero el vocero del Poder Ejecutivo, Fernando Alberto Crisanto, aseguró a esta casa editorial que la fuerza pública estatal no usa ese tipo de armamento.

La Secretaría de Seguridad Pública emitió un boletín asegurando que “en este incidente, una ciudadana reportó que su hijo de 13 años de edad fue presuntamente lesionado por los pobladores que lanzaron cohetones, piedras, palos, bombas molotov y diversos objetos para causar daño a los Policías Estatales que realizaban la liberación de la vía.

“El menor fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona metropolitana, dado que presenta una lesión en la cabeza que compromete su vida. De acuerdo con las primeras versiones de la madre del lesionado, ella y su menor iban caminando hacia el campo en inmediaciones del punto que habían bloqueado los pobladores y observó cuando un supuesto cohetón le habría provocado las lesiones al menor.

“El infante y su familia ya reciben todo el apoyo por parte del gobierno del estado de Puebla, que reitera mantener las acciones necesarias en contra de quienes violenten la ley y causan lesiones a terceros, a la autoridad y a la sociedad”.

Los pobladores afirmaron que había otros dos lesionados graves, un joven y un anciano, aunque no pudieron precisar sus nombres.

También reportaron que la Policía detuvo a cuatro manifestantes, y que ellos tenían retenida a una mujer policía, la cual entregarían solo a cambio de que sus compañeros fueran liberados.

El gobierno estatal, a través de un boletín, manifestó que del enfrentamiento hubo cuatro detenidos, “varios policías lesionados y policontundidos, tres de consideración y uno de gravedad”.

Extraoficialmente trascendió que hubo cerca de 40 policías lesionados y aproximadamente una centena de pobladores con heridas menores.

Durante la confrontación el fotoperiodista Alfredo Fernández, del diario Síntesis, resultó herido por una pedrada en la cabeza.

Tras los hechos violentos, el gobernador Rafael Moreno Valle exhortó a los alcaldes para que, a través del personal de los ayuntamientos, acudan a las juntas auxiliares y presten los servicios del registro civil, en tanto se concluye el proceso de modernización del sistema.

“Hacemos un exhorto de parte del Ejecutivo para que puedan llevar los servicios a las juntas auxiliares, pero que lo hagan con personal del municipio y nos entreguen un control para garantizar que no se estén entregando actas de manera irregular a personas que no sean mexicanas o que no sean del Estado. Solo es una medida de control y que además está dentro de la ley”, señaló.

Recordó que en el pasado se habían detectado no solo cobros fuera de lo que marcaba la ley, sino la expedición de actas de nacimiento a ciudadanos centroamericanos que, en algunos casos, tenían antecedentes delictivos.

De ahí que el Estado decidiera invertir 20 millones de pesos para modernizar el sistema del registro civil, que va desde la digitalización de los documentos para contar con una base de datos única y confiable, hasta la instalación de un módulo en hospitales, para que los niños puedan ser registrados de manera inmediata, medida aunada al programa de actas gratuitas.

“Este es el modelo que queremos llevar a todo el estado, que iremos a instalar también en los hospitales para que al momento de nacer puedan recibir el servicio. Yo estimo que en el mes de diciembre habremos concluido el proceso de modernización, garantizar certeza a los ciudadanos, un buen servicio y eliminar los cobros irregulares”, agregó.

 

Movilización en todo el estado

 

Alrededor de 10 mil poblanos de 90 juntas auxiliares, procedentes de 40 municipios, bloquearon ayer los principales accesos a la capital poblana, para exigir al gobierno del estado la devolución del registro civil, producto de las reformas a la Ley Orgánica Municipal, que les quitó esta y otras facultades.

De acuerdo con el presidente San Pedro Yancuitlalpan, Eugenio Sánchez Popoca, las comunidades agremiadas en la Coordinación Estatal están levantando la voz en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas porque les quiere arrancar la dignidad y los derechos de los pueblos, por sus decisiones autoritarias.

“Son siete puntos de la entidad los que estamos bloqueando para que nos hagan caso, porque hasta este momento no hay un mesa de negociación entre la autoridad estatal y los ediles auxiliares”, dejó en claro por la mañana.

Estos puntos fueron el bloqueo de la autopista México–Puebla, a la altura de la junta auxiliar de Canoa, la autopista Puebla–Perote, la carretera federal a Atlixco y la autopista Siglo XXI a Atlixco, y la autopista a Tehuacán y Ajalpan.

Los manifestantes iban con lonas y pancartas en mano donde exigieron la devolución del registro civil, obra pública y seguridad, entre otras demandas.

“Queremos decirle al gobernador que no confunda la modernidad con la realización de obras que ponen en riesgo la identidad a los pueblos, como el distribuidor de Cholula y el parque de las siete culturas”, denunció, durante el cierre de la entrada principal a San Pedro, junto al monumento a Xelhua y el bulevar Forjadores.

Las más de 3 mil personas bloquearon la carretera que comunica a Cholula con Cuautlancingo, la capital poblana y Huejotzingo.

Ahí se solidarizaron con los ediles auxiliares de Tehuacán, presos desde hace dos semanas por protestar en contra del gobierno estatal y oponerse a entregar el archivo y actas del registro civil.

Asimismo, se inconformaron por la privatización del agua y el cobro de las altas tarifas, así como en contra de Ley de Expropiación del estado, que viola los derechos de los poblanos.

A las 13:30 horas un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevoló la zona donde se llevaba a cabo la protesta. Para evitar que fueran gaseados por los agentes policiacos, la movilización avanzó sobre el bulevar Forjadores.

A la par, a temprana hora, los seis alcaldes de las juntas auxiliares y cuatro inspectores de San Andrés Cholula tomaron la alcaldía del lugar para exigir a gritos un diálogo con el edil panista Leoncio Paisano Arias, quien se ha negado a dialogar con las autoridades subalternas.

El alcalde hizo esperar por casi dos horas a los manifestantes, quienes mantuvieron la protesta afuera de la presidencia auxiliar.

En este tiempo el alcalde de Cacalotepec, Lucas Alfredo Coyotl, dijo que no van a ceder a las presiones del gobierno estatal ni municipal, hasta que acuerden beneficios para la población.

 

Exigen liberación de presos

 

Más de mil personas provenientes de juntas auxiliares de municipios de la Sierra Negra, así como las que pertenecen a Tehuacán, se movilizaron para exigir que se les regrese el registro civil a sus comunidades, pero también reiteraron su apoyo hacia las seis personas que fueron detenidas durante el desalojo del pasado 1 de julio, frente a las instalaciones del CIS Tehuacán, tras el bloqueo de ese edificio y de la carretera federal Tehuacán–Puebla, en exigencia de que no se les retire el registro civil; entre los detenidos se encuentra el presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec, población subalterna de Tehuacán.

En esta nueva movilización los inconformes iniciaron su recorrido desde la entrada a la ciudad, sobre la misma carretera, para hacer un breve alto en las afueras del CIS, posteriormente se dirigieron a las oficinas de los juzgados, que se encuentran junto a Seguridad Publica Municipal y el Centro de Reinserción Social (Cereso) donde se encuentran recluidos los seis detenidos.

Tras permanecer ahí durante un rato y expresar sus peticiones, así como pedir que el gobernador Rafael Moreno Valle cumpla su promesa de dar prioridad a los más desprotegidos y no actúe con medidas represoras, los manifestantes se retiraron a sus respectivas comunidades.

Dos centenares de pobladores de la junta auxiliar de San Miguel Canoa protestaron ayer en el primer cuadro de la ciudad para exigir al gobierno municipal y estatal que el servicio de registro civil regrese a su comunidad.

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