Tradicionalmente, los opositores a las empresas públicas, y a la acción del Estado en la economía, sostienen que las entidades estatales son un lastre para las finanzas nacionales. La teología neoliberal habla de empresas caras, ineficientes, opacas y tendientes a la corrupción, que lejos de generarle un beneficio a la población, le afectan. Por ello, la receta neoliberal es: desaparece a la empresa del Estado, y entrega una inversión histórica y millonaria, construida con los esfuerzos de la nación, a manos privadas.
La CFE conoce muy bien ese diagnóstico. La hoy derogada reforma energética de 2013 precisamente hacia ahí apuntaba: al debilitamiento paulatino de las empresas estatales, hasta su desaparición.
Esta discusión adquiere relevancia a propósito de la reciente presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 ante la Cámara de Diputados, en el que se contempla un incremento de alrededor de 10 por ciento para la CFE respecto al año anterior.
Como durante la pasada administración, en la que se luchaba por lograr el rescate de la CFE, en estas primeras semanas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también se critica el destinar recursos a la empresa eléctrica de todos los mexicanos, caracterizando esta erogación como un desperdicio, hacia un barril sin fondo.
Algunos columnistas, como Leo Zuckermann, hablan -de forma engañosa- de “subsidios” a la CFE, con motivo del PEF 2025; Ramsés Pech, por su parte, habla también de subsidios que “ayuda a la empresa estatal a tener un costo cero de generación”.
Los supuestos subsidios de la CFE no son para la empresa, sino para los usuarios (el sector doméstico y el sector agrícola), quienes reciben un apoyo tarifario del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda.
Por lo que corresponde estrictamente a la CFE, el documento adecuado para conocer de su economía son los estados financieros, reportes anuales que se rinden ante la Bolsa Mexicana de Valores después de haber sido revisados por un auditor independiente, y aprobados por el Consejo de Administración de la CFE (constituido a su vez por 4 Consejeros Independientes, ratificados por el Senado).
Conforme a los estados financieros, durante el sexenio pasado la CFE alcanzó una notable solidez financiera. En 2018, su resultado de operación (es decir, ingresos menos gastos) era de 32,900 millones de pesos; al cierre de 2023 fue de 126,260 millones, prácticamente cuadruplicando sus ingresos.
Para 2024, los reportes al tercer trimestre siguen hablándonos de una importante salud financiera: un resultado de operación de 122,260 millones de pesos.
Incluso empresas al servicio del gran capital como las agencias crediticias, en este caso Moody’s (quien degradó la calificación de México y, en consecuencia, de la CFE, sin esperar su propuesta económica) reconoce la solidez financiera de la CFE y su proyección hacia el futuro: “La calidad crediticia de CFE se equilibra con la cómoda posición de liquidez de la compañía y el acceso a fuentes de financiamiento diversificadas”. Esto es el rescate de la CFE en números concretos; en blanco y negro.
En la actualidad se cuestionan cada día más algunos dogmas en torno al funcionamiento de lo público frente a lo privado. Un ejemplo de esto es la reciente visita de la economista Mariana Mazzucato, quien, durante un ciclo de conferencias impartidas en el país, hizo un llamado a dejar atrás algunas ideas “universales y paralizantes”, tales como: las empresas son siempre más eficientes que el Estado; solo las empresas crean valor; o que el Estado mismo tiene que funcionar como una empresa.
En torno al sector eléctrico, los hallazgos de la de la American Public Power Association (APPA), en su Public Power Statistical Report 2024, parecen corroborar lo anterior. Según la APPA, las empresas públicas de energía eléctrica registran las tarifas más bajas respecto a las privadas (9 por ciento menos); los usuarios de empresas públicas experimentaron menores tiempos de interrupción del suministro comparación con los clientes de empresas privadas; finalmente, las empresas de energía pública suministran cada vez más energía limpia frente a los aportes de los privados.
La discusión del rol estatal y del sector público hoy adquiere mayor relevancia, especialmente si recordamos la desigualdad y precarización popular que los 30 años de neoliberalismo, con su entrega de la economía al mercado y a manos privadas, nos dejaron.
Un presupuesto federal que garantiza recursos a programas sociales, a inversiones públicas, y mantiene la línea de fortalecimiento de las empresas estatales, es una buena muestra de la reorientación que estamos viviendo, y la cual el pueblo de México volvió a elegir en las urnas.