Un proceso simultáneo al despliegue deshumanizante de la segregación urbana, social y funcional, que se expresa como el desarrollo desigual de la ciudad, se manifiesta en la lógica del proceso urbano basado en la acumulación de capital, que define espacios homogéneos diferenciados por clase social y construidos no sólo con el propósito de facilitar el flujo del capital y el movimiento de mercancías, incluida la fuerza de trabajo, sino de enfatizar la hegemonía de una clase social que se apropia de la ciudad para ponerla al servicio de sus propios fines e intereses.
En las ciudades del capitalismo, la infraestructura urbana se construye para satisfacer las necesidades impuestas por la lógica de la ganancia del capital inmobiliario, que se apropia de la renta urbana y la distribuye entre el resto de los capitalistas.
Esto, por supuesto, contribuye al vaciamiento o pérdida de la referencia de identidad cultural de la ciudad y del espacio urbano como valor de uso, es decir, se pierde la ciudad ligada a la cotidianeidad de la vida social y su valor de uso se somete a la lógica de la reproducción del capital, incluso, despojando a la población de los espacios urbanos donde se desarrolla la vida en común y los que se crean se hacen pensando en el lucro y la privatización.
De esta manera, la subordinación del desarrollo urbano a los propósitos de ganancia del capital, se naturaliza en la vida de la ciudad segregada social y espacialmente, además de segmentar sus distintas funciones.
Esta es la ciudad que tenemos, pero ¿es la que deseamos?
Ante la realidad de la ciudad de Puebla, conviene señalar que un aspecto esencial de la política urbana a seguir por un gobierno democrático, podría sustentarse el siguiente postulado, expuesto por David Harvey (2008): “El Derecho a la Ciudad no es simplemente el acceso pleno de lo que ya existe, sino también el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos.”
Por supuesto, diseñar una política de desarrollo urbano para el complejo y contradictorio proceso que es la producción de la ciudad, tiene sentido si el derecho a la ciudad tiene como propósito disminuir las diferencias sociales y económicas, al tiempo de ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de las potencialidades existentes en la sociedad poblana.
Se trata de hacer una ciudad accesible a todos, diseñada pensando en el ocio, el descanso y el bienestar de la población, donde la población no sea un mero consumidor de espectáculos “culturales”, sino constructor protagonista de su propia cultura. Se trata de hacer posible la universalización la ciudad, cuyo significado sea: “para todos, todo”.
Universalizar la ciudad tiene que ver con el acceso pleno a la vida urbana e implica abordar una pluralidad de dimensiones que la humanicen para que sea de todos. La posibilidad de universalizar una ciudad, radica en el hecho de que, quienes la habitan, tengan el derecho de ser sujetos –no objetos– protagonistas de su transformación.
Una vía para concretar el Derecho a la Ciudad, es una política de desarrollo urbano cuyo eje ordenador sea la participación de la población para impulsar procesos de construcción socio–espaciales y culturales de la ciudad y se inicie la superación del conjunto de problemas que deben ser atendidos para encontrar alternativas viables de solución a los problemas de inseguridad, movilidad, gobernabilidad y dotación de servicios, sobre todo del agua, pero no sólo.
¿Difícil? Sí, pero no imposible.
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