Rendirán cuentas escuelas públicas y privadas con la nueva ley que las regulará en Puebla

La iniciativa de Ley de Educación del estado de Puebla que está bajo estudio del Congreso local someterá a escuelas públicas y privadas a procesos de rendición de cuentas y de vigilancia para impedir abusos en el cobro de cuotas y garantizar que cumplan con las normas de orden público que rigen al proceso educativo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) local, que encabeza Melitón Lozano Pérez, será la encargada de hacer valer las nuevas disposiciones, las cuales serán aprobadas por el Poder Legislativo el viernes próximo, en la apertura del periodo ordinario de sesiones, para cumplir con un mandato constitucional, de acuerdo con el diputado Hugo Alejo Domínguez.

La iniciativa es impulsada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso para armonizar el marco normativo de Puebla a la reforma educativa federal de 2019 que terminó con las evaluaciones punitivas de docentes y redefinió a la educación como un servicio público sujeto a la rectoría del Estado.


Directivos rendirán informes de actividades

El artículo 117 de la iniciativa del Poder Ejecutivo determina que la SEP local y la autoridad educativa federal tendrán la responsabilidad de promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel.

Además, el artículo 146 establece que las personas usuarias de los servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación.

“Si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”, abunda el mismo numeral.

En tanto, el artículo 147 establece que son infracciones de las escuelas particulares que prestan servicios educativos retener documentos personales y académicos por falta de pago; condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, así como no dar a conocer por escrito y de manera anticipada el costo de la inscripción de cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura u otra contraprestación.

La iniciativa incluye como sanciones para los infractores multas de hasta 15 mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, que equivaldría a un millón 303 mil 200 pesos, monto que podría duplicarse en caso de reincidencia; así como la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, así como la clausura del plantel.

En tanto, el artículo 12 indica que las autoridades estatales vigilarán que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo.

Puebla tendrá un Programa Educativo Estatal

La ley que será aprobada por el Congreso mandata a la SEP local a elaborar un Programa Educativo Estatal que tendrá un carácter plurianual y contendrá de manera integral aspectos sobre la infraestructura y el equipamiento educativo, el avance de los planes y programas, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales.

La SEP contará con un plazo no mayor a 60 días contados a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento para presentar el programa, el cual se actualizará en caso de cambios de administración del Poder Ejecutivo estatal.

La iniciativa además involucra a los gobiernos municipales en el sistema educativo, al reconocer su participación en el mantenimiento de los planteles educativos y conferirles la obligación de instalar y operar un consejo municipal de participación escolar en la educación, el cual estará integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, así como maestras y maestros.

El consejo tendrá, entre otras funciones, gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas; coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar; así como procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública.

Asimismo, el artículo 5 del proyecto señala que las autoridades educativas municipales, en el ámbito de su competencia, podrán coordinarse con las estales para el desarrollo de proyectos regionales educativos.

“Para tal efecto, remitirán un informe al Congreso del estado y al Cabildo municipal, respectivamente, sobre el inicio del proyecto regional a desarrollar, así como del avance y resultados del mismo a su conclusión”, indica la iniciativa.

Además, el proyecto de ley considera la creación de un sistema integral de formación, capacitación y actualización de los docentes que deberá instalarse antes de finalizar este año de manera progresiva y según la suficiencia presupuestaria de la SEP.