El pueblo maseual reiteró su rechazo a ser consultado sobre las concesiones “Atexcaco I”, “Atexcaco II” del grupo Ferrominero y “Macuilquila” de Minas Santa Martha S.A. de C.V, porque en la asamblea que celebró el pasado 26 de junio en Zacatipan, Cuetzalan, ha dejado claro su repudio a cualquier proyecto minero.
En rueda de medios ofrecida este jueves desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, Leticia Vázquez Esteban y Herminio García Vázquez, representantes del pueblo maseual, acompañados de Loni Hensler y Francisco Xavier Martínez Esponda, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), amén de Daniel Cerquera, de la sociedad civil Fundación para el Debido Proceso, externaron su preocupación porque el Juzgado Quinto de Distrito de Puebla analiza ordenar una consulta para reactivar los tres proyectos mineros que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito echó abajo con la sentencia emitida el 3 de marzo de 2022.
Martínez Esponda advirtió que los proyectos que se establezcan en territorio maseual -o en cualquier comunidad indígena- deben contar con el consentimiento de la población, pero en la 33 Asamblea de Zacatipan, que se celebró el 26 de junio de 2022 pasado, el pueblo maseual “decidió no dar su consentimiento para la realización de actividades mineras dentro de su territorio porque la tierra es sagrada”, por lo que la pretendida consulta que se analiza en el Juzgado Quinto de Distrito de Puebla ya no debe llevarse a cabo.
De hecho, ayer el Consejo Maseaul realizó una entrega formal del acta de dicha Asamblea ante el Juzgado Quinto, al cual se le pidió cancelar las concesiones y no insistir en realizar un proceso de consulta toda vez que se ha negado su consentimiento.
Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “la decisión del pueblo maseual y lo que está ocurriendo con este amparo, vislumbran el cambio de paradigma que debe regir la minería en México. Lo que en este caso ha sucedido convoca a la modificación de la Ley Minera para que ésta deje de ser un instrumento generador de violencia estructural donde los pueblos y la naturaleza cargan con todos los perjuicios. La Ley Minera tiene que convertirse en un instrumento que respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, particularmente a lo que hace al consentimiento y al territorio, los derechos al medio ambiente sano y agua, así como que deje de otorgar a los concesionarios los privilegios que actualmente arroga”, señaló la asociación civil en un posicionamiento.
La sentencia del Tercer Tribunal Colegiado que resuelve dejar insubsistentes las concesiones mineras en territorio del pueblo maseual constituye un precedente sumamente relevante en el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como al acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, sentenció el Cemda.