Andrés Villegas Mendoza, diputado local por Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sea responsable de auditar y vigilar los anexos —centros de rehabilitación para personas con adicciones—, con el objetivo de prevenir homicidios y hechos violentos dentro de estos espacios. La propuesta responde a las recientes muertes de internos ocurridas en tales instalaciones, lo que ha generado preocupación en las mesas de seguridad estatales.
Actualmente, la vigilancia de estos establecimientos recae principalmente en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris). Sin embargo, Villegas Mendoza busca que la regulación también incluya a la SSP, de modo que la visión sanitaria se complemente con medidas de seguridad pública. La reforma planteada contempla modificaciones a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley de Salud del estado.
La iniciativa fue turnada para análisis a la comisión correspondiente, que preside el propio legislador, y podría avanzar rápidamente hacia su dictaminación, dada la urgencia de frenar los hechos violentos reportados en los últimos meses. Entre estos destaca el caso ocurrido en octubre en el Centro de Rehabilitación contra las Adicciones Verdad y Vida, ubicado en la capital del estado, donde un interno perdió la vida presuntamente tras sufrir una golpiza.
El pasado 2 de junio se documentó la muerte de un hombre de 49 años en un anexo situado en el Barrio del Alto, en la ciudad de Puebla. Este fue el tercer homicidio registrado en estos centros durante 2025. Además, en mayo, cuatro encargados de un anexo en Huauchinango fueron detenidos como probables responsables del asesinato de un joven interno.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían golpeado a un joven que fue ingresado por sus familiares al anexo “Jóvenes Guerreros de Dios Huauchinango”, ubicado en la colonia 5 de Mayo del municipio. El ataque le provocó lesiones cerebrales y contusiones en el tórax, que derivaron en su muerte el pasado 20 de mayo.
Tras recabar datos de prueba mediante diversas diligencias, la FGE solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron ejecutadas en distintos puntos de la región.
Los cuatro detenidos quedaron a disposición de un juez de control, ante quien se formulará la imputación y se solicitará su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.
