La resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan dejó al descubierto toda una red de mentiras que tejió el gobierno del estado para deslindarse de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y los 40 heridos de gravedad que dejó la intervención policiaca del 9 de julio pasado.
A continuación se presenta un listado de ocho versiones que ofreció la administración estatal en un intento de explicar los hechos y que ayer fueron desmentidas por la CNDH en la recomendación número 2VG/2014, y la principal de ellas es que no fue un “cohetón” ni una “piedra de gran calibre” lo que dio muerte al menor ni lo que mutiló a pobladores, sino proyectiles lanzados por elementos de seguridad pública.
La protesta en San Bernardino Chalchihuapan del 9 de julio, que reprimió la Policía Estatal, formó parte de un movimiento que se gestó en las juntas auxiliares del estado que exigía el regreso del servicio del registro civil, retirado por el Congreso local a través de una reforma que respaldó la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.
Inmediatamente después de los hechos comenzaron a difundirse videos y fotografías en redes sociales y medios de comunicación que evidenciaron la magnitud de la represión al exponer las heridas de los pobladores, uno de los cuales perdió el habla por el impacto de un proyectil que le perforó la mejilla, le fracturó la mandíbula y rompió sus cuerdas vocales.
Incluso los últimos minutos de conciencia de Tehuatlie Tamayo fueron captados en una grabación que se tomó poco después de que el niño recibió el impacto mortal que le perforó el cráneo.
El gobierno del estado guardó silencio durante siete días, después de los cuales ofreció una postura de los hechos en una conferencia de medios que encabezó el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, en la que acusó a los pobladores de la violencia y los responsabilizó de los heridos.
“Iban preparados con diversos objetos contundentes, tales como bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre, dentro de los que destacó la utilización de cohetones que fueron proyectados, incluso con la utilización de lanzaderas de aluminio y PVC en agravio y afectación directa de policías y transeúntes”, explicó en esa rueda de prensa.
De paso, descalificó las fotografías y videos en los que se observa a los granaderos disparando contra la población al calificarlos de “trascendidos irresponsables de interés político”, y reportó un saldo de 46 policías lesionados y solo dos civiles heridos.
La respuesta de la administración morenovallista recibió la condena de actores sociales y políticos que la tacharon de inverosímil, por lo que demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero ésta todavía demoró un mes en tomar cartas en el asunto.
Mientras la CNDH definía su participación, el gobierno estatal ordenó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizar su propia investigación como respuesta a la presión social y la condena mediática que atizó la muerte de Tehuatlie tras 10 días de agonía.
La pesquisa concluyó el 30 de julio con una conferencia de medios del titular de la dependencia, Víctor Carrancá Bourget, en la que modificó la postura oficial del gobierno al asegurar que fue la onda expansiva de un cohetón lo que provocó la muerte del menor, y dijo que fue una “piedra” lo que provocó la fractura de mandíbula del poblador Martín Romero.
Para dar mayor peso a la versión oficial, en redes sociales se difundió un video de manera anónima en el que se observa a un policía acostado en la cama de un hospital con collarín, que acusa a los pobladores de la violencia. Después se descubrió que el uniformado fue detenido en 2011 por trata de personas.
Además, el gobierno del estado aseguró que los heridos recibieron atención médica adecuada, pero el dictamen de la CNDH lo descartó y acusó a Víctor Carrancá de mentir sobre las medidas para la reparación del daño a las víctimas de la agresión, pues aunque dijo que la administración sí había cumplido con las mismas lo cierto es que no fue así.
Asimismo, la comisión nacional señaló que hubo una falta de capacitación y cumplimiento de protocolos de derechos humanos en la intervención policiaca, pese a que el secretario de Seguridad Pública (SSP), Facundo Rosas, insistió en todas las entrevistas en las que abordó el tema que los uniformados estaban preparados para el operativo y que éste se ciñó a los protocolos internacionales.