Esta semana se cumplieron cuatro años de la promulgación de la reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Tras décadas de contar un marco normativo que regulaba, por un lado, las telecomunicaciones, y por otro, la radiodifusión; que beneficiaba principalmente a los concesionarios, y que no respondía claramente ante los retos que plantea la era tecnológica que vivimos, era indispensable un cambio en la regulación de los medios de comunicación.
Es de reconocer que la iniciativa, que surgió del extinto Pacto por México, era muy prometedora. Entre los cambios más importantes dados a nivel Constitucional están la creación de un órgano regulador autónomo del Poder Ejecutivo, que fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); así como el reconocimiento de derechos para los ciudadanos tanto desde la perspectiva como usuarios de telecomunicaciones, como de audiencias de radiodifusión.
Tres años y medio de la entrada en vigor de la llamada #ReformaTelecom, que fue acompañada de la creación de una Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –misma que en su momento fue calificada como una contrareforma–, hay cosas buenas, otras no tan buenas y sobre todo varios pendientes. A continuación algunos ejemplos.
Lo bueno. Quizá los avances más notorios de la implementación de la reforma, se han dado en materia de telecomunicaciones, es decir, en el campo de la televisión restringida, la telefonía tanto móvil como fija y los servicios de internet. De acuerdo con datos del propio IFT, el número de hogares con servicio de televisión de paga pasó de 45 por ciento en 2013, al 60 pr ciento al cierre de 2016; asimismo se registró un aumento en el número de hogares con servicio de internet al pasar del 41 al 48 por ciento.
De igual forma se reconocieron los derechos de los usuarios entre los que destacan el derecho a la portabilidad y el desbloqueo de los equipos móviles; la suspensión del cobro en llamadas de larga distancia y en la consulta del saldo o el derecho a la calidad en el servicio.
Lo no tan bueno. Donde más ha quedado a deber la Reforma es en lo relacionado con la radiodifusión, es decir, lo que tiene que ver con la televisión y radio abierta principalmente. Una de las grandes promesas que se anunciaron fue la licitación de dos cadenas de televisión a nivel nacional, lo cual permitiría mayor oferta en los contenidos para las audiencias, sin embargo solo se logró concretar una, la cual fue otorgada a Grupo Imagen y que no ha representado un gran cambio en la programación.
Pendientes. El más claro que se tiene en este momento es lo relacionado con los derechos de las audiencias. Recordar que a principio de año, el Ejecutivo y el Senado presentaron dos controversias constitucionales para impugnar facultades del IFT para emitir los lineamientos correspondientes a dichos derechos. A ello se sumó una reforma legislativa aprobada en la Cámara de Diputados que busca eliminar de la LFTR dos derechos fundamentales para las audiencias: “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y “que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”. Dicha reforma se prevé sea discutida y aprobada por el Senado de la República en un periodo extraordinario próximo a celebrarse.
Cuatro años después de la #ReformaTelecom, tenemos un marco normativo que responde más la realidad tecnológica que vivimos, sin embargo aún falta mucho camino por recorrer para que aquello que está plasmado en la Constitución y en la ley sea una realidad, sobre todo en beneficio de los ciudadano.