Martes, enero 18, 2022
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Reforma al outsourcing no acabará con la subcontratación abusiva: Vicente Avendaño, catedrático de la ELDP

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La reforma sobre outsourcing aprobada en abril del presente año y que entró en vigor el 1 de septiembre de este año, no terminará del todo con la subcontratación abusiva. Además, sus fines son meramente recaudatorios, indicó Vicente Leopoldo Avendaño, docente de la Escuela Libre de Derecho (ELDP). 

En video conferencia de prensa, expuso que durante años esta ha sido una práctica dolosa en contra de los trabajadores. 

Sin embargo, opinó que las modificaciones no acabarán con la terciarización irregular porque hay muchas más formas de disfrazar o de simular. 

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Para erradicar esta práctica de no dar de alta a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y brindarles prestaciones, los legisladores federales estipularon que solo se permitirá la subcontratación de servicios especializados. 

Para ello, las empresas dedicadas a prestar estos últimos, deben inscribirse al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras (Repse), de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Empero, Leopoldo Avendaño añadió que ni esta última dependencia, ni el IMSS, ni el  Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen la capacidad de garantizar que ya no haya más outsourcing abusivo. 

“Debemos tener órganos muy eficaces, muy eficientes, por ejemplo, hablando de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o algún otro tipo de institución. Inclusiva por la pandemia de Covid las Juntas de Conciliación han tenido que cerrar en varias ocasiones y realmente están al tope de trabajo… falta mucha infraestructura, personal, voluntad. Será difícil que se combatan estas cosas”, opinó el académico. 

Por su parte, Marco Antonio Candia sostuvo que  la reforma se realizó con la finalidad de recaudar más impuestos de las empresas que eludían su responsabilidad social y de impuestos, tales como Adecco o Manpower, que ofrecen servicios de tercerización de nómina disfrazados de capacitación y reclutamiento. 

Consideró que este tipo de firmas deberían ser sancionadas, pero también los empresarios que han recurrido a estos esquemas en contra de sus trabajadores. 

Indicó que los propietarios de las empresas aprovecharon durante varios años la falta de observación por parte de la autoridad laboral, fiscal y de instituciones de seguridad social para transferir a su personal a distintas compañías de outsourcing, con el pretexto de que subcontrataban servicios.

Recordó que actualmente solo se permite el outsourcing cuando se trata de temas y actividades especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica ni preponderante de las compañías que contratan.

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