La nueva reforma laboral para plataformas digitales, vigente en México desde el 22 de junio de 2025, se ha vuelto un marco confuso para los miles de conductores y repartidores de servicios como Uber y Didi. Aunque la legislación pretende reconocer derechos laborales, las disposiciones ambiguas han dejado fuera a trabajadores que no cumplen con requisitos específicos y han generado incertidumbre en el sector. Las empresas solo están brindando el acceso al seguro social a quienes perciben más de 20 mil pesos mensuales, excluyendo por completo a quienes dividen su jornada entre distintas aplicaciones o no suman ese monto mínimo. La duplicidad de registros tampoco se suma para acceder a mayores beneficios, lo cual limita aún más los derechos laborales de los afectados.
Jessica Reyes, vocera del movimiento Conductores con Voz, advirtió que “esta cobertura es mínima y exclusiva en caso de accidentes, sin acceso a vejez, vacaciones o Infonavit para la mayoría”. Esta ambigüedad y falta de claridad han generado desprotección y temor: los conductores denuncian que la promesa de seguridad social todavía no se cumple para la mayoría y que la reforma no responde a las condiciones reales del sector.
En este entorno, integrantes del colectivo Conductores con Voz acudieron este lunes a las oficinas de Uber en la ciudad de Puebla para entregar una copia de su pliego petitorio, presentado anteriormente ante la Secretaría de Gobernación el martes 5 de agosto. La exigencia principal es que tanto las plataformas como las autoridades reconozcan y atiendan los riesgos, problemas y derechos todavía no garantizados. “Nos urge que estas empresas reconozcan las problemáticas que enfrentamos día a día”, enfatizó Reyes.
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El pliego presentado exige la regulación de tarifas variables ya que les implican descuentos que oscilan entre el 40 y 60 por ciento del ingreso y la necesidad de que sean fijas, para brindar certidumbre económica.
Además, la inseguridad laboral y personal sigue siendo un asunto crítico: en semanas recientes al menos tres conductores han sido víctimas de robo o intento de asalto, y uno permanece desaparecido. Hugo Nocelo, vocero del colectivo, subrayó que “lo que no se denuncia no se mide ni se visibiliza; muchos compañeros optan por no levantar denuncias por miedo a represalias y por indiferencia institucional”. El proceso de denuncia suele derivar en la retención prolongada de los vehículos involucrados, hasta por seis meses, lo cual agrava la vulnerabilidad y desamparo de los trabajadores.
El colectivo también reclama que las plataformas verifiquen la identidad de los usuarios con documentos oficiales para poder rastrear responsables de delitos y evitar que menores de edad utilicen los servicios sin supervisión adulta.
Exigen la creación de alianzas comunitarias de monitoreo entre autoridades estatales y empresas para contrarrestar la inseguridad, que sigue creciendo ante la falta de protección pública.
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Otro tema conflictivo es el de la cédula de identificación vehicular: los retrasos en la entrega de esta documentación pueden derivar en multas de hasta 50 mil pesos y la retención de vehículos. El movimiento demanda una prórroga para estos trámites y una intervención eficaz de la Secretaría de Movilidad y Transporte, quien hasta ahora ha sido omisa ante las peticiones de los conductores.
En su agenda inmediata, Conductores con Voz tiene prevista una mesa de diálogo con la Secretaría de Movilidad el 12 de agosto a las 9:30 horas, en busca de acuerdos para mejorar derechos, seguridad y condiciones laborales. Los voceros aseguran que seguirán impulsando sus demandas, incluyendo que la reforma laboral para plataformas digitales deje de ser una promesa ambigua y se convierta en una garantía real e incluyente para quienes trabajan cada día en las mismas.
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