El tiempo de resolución de juicios laborales ha reducido hasta 93.7 por ciento, a partir de la reforma laboral que comenzó a aplicar en Puebla en noviembre de 2021. Anteriormente, en lo que era la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el periodo de espera para resolución era de hasta ocho años y a partir de la operación de los tribunales laborales que dependen del Poder Judicial de la Federación, se redujo a entre seis y ocho meses, de acuerdo con estimaciones de Cesar Humberto Valles Issa, juez de Distrito adscrito al Segundo Tribunal Federal de asuntos individuales en Puebla.
Cabe precisar que actualmente operan en Puebla cuatro tribunales laborales federales, los cuales desde el 3 de noviembre del año antepasado atienden los asuntos en la materia y que son de carácter federal, como los relacionados con la industria automotriz, hulera, textilera y azucarera, entre otras.
Mientras que los que se registraron antes de esa fecha, que son alrededor de 10 mil, se desahogan en la oficina auxiliar que opera en Puebla y que depende de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala.
El juez comentó a La Jornada de Oriente que parte de la celeridad en la solución de los conflictos es la conciliación, puesto que mediante la misma se resuelven entre 50 y 60 por ciento de los asuntos, por lo ya no se presentan demandas.
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El tiempo máximo para conciliar es de 45 días, pero si las pláticas entre las partes involucradas van por buen camino, se puede ampliar el periodo.
Incluso, después de ese lapso, ya habiendo demandado, se puede seguir dialogando y hallar solución antes de que un juez resuelva, ya que la ley establece que el procedimiento será predominantemente oral y conciliatorio, agregó.
Por otra parte, de acuerdo a cálculos de César Humberto Valles Issa, a cada uno de los cuatro tribunales laborales que hay en Puebla ingresan por año alrededor de 600 asuntos, es decir que en conjunto suman 200 mil 400.
Insistió en que con la reforma laboral, se han agilizado los procesos y actualmente cada tribunal tiene entre 200 y 300 asuntos que no han sido resueltos y que en su mayoría ingresaron en 2024.
50 por ciento de los casos que les llegan, glosó, corresponden a despidos injustificados y la otra mitad tiene que ver con seguridad social, específicamente con pensiones de invalidez, cesantía, vejez y orfandad.
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En opinión de Valles Issa, el modelo de impartición de justicia laboral en México podría ser todavía más ágil si se operara como en España, país en donde las demandas solo pueden ser por un motivo. En cambio, en México, se incluyen todos los asuntos que el abogado considere, lo que llega a complicar las resoluciones.
Además, comentó que ha habido casos en donde los defensores agregan temas que no son ciertos, por lo cual ha tenido que multarlos; la sanción para los que incurren en esas prácticas va desde 100 hasta mil UMAs.
