La reforma al Poder Judicial no afecta a los trabajadores, sin embargo, estos han sido manipulados para que protesten en contra de los cambios que, en esencia, pretenden acabar con privilegios de titulares, indicó Jorge Sosa Pérez, presidente del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho.
En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, expuso que la citada reforma sólo está dirigida a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces de distrito, magistrados de circuito y para el Tribunal Electoral.
“En ningún momento la reforma judicial toca a los trabajadores de base del Poder Judicial federal y hacemos un llamado a estos trabajadores para que analicen la reforma y estén seguros de que sus derechos laborales están garantizados, que no se van a tocar y que la apoyen porque a ellos les conviene y pueden participar también como aspirantes para los nuevos cargos de elección popular en el Poder Judicial federal, si cumplen los requisitos”.
El litigante recordó que los cambios planteados incluyen la elección por voto popular de jueces y magistrados, así como de ministros de la SCJN; los comicios se llevarían a cabo en 2025.
Otro aspecto relevante es disminuir el número de ministros de la Suprema Corte, es decir que pasaría de 11 a nueve y se eliminarían dos salas de este tribunal.
Jorge Sosa también destacó que el periodo de encargó de los ministros sería de 12 años y ya no de 15, como actualmente ocurre, y quedaría eliminada la pensión vitalicia.
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De igual forma se postula sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial, el cual estaría conformado por cinco integrantes designados por el Ejecutivo federal, el Senado de la República y la SCJN.
El abogado subrayó el apartado de regulación de remuneraciones de jueces y magistrados, puesto que no serían mayores a la del presidente de la República, que actualmente es de 128 mil 205 pesos, es decir que en un año la cantidad asciende a un millón 538 mil pesos, contra 2 millones 483 mil pesos de un ministro de la Suprema Corte, pero además a esta última cifra se deben sumar 4 millones 657 mil pesos en prestaciones, alcanzando en total 7 millones 141 mil pesos.
El presidente del Colegio recordó que la Corte ha tomado decisiones que favorecen a las élites y no al pueblo, como proteger al empresario Ricardo Salinas.
Además, glosó que el nepotismo en el Poder Judicial está a la orden del día, puesto que 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.
Sosa Pérez expuso que la reforma es necesaria porque la Suprema Corte no cuenta con legitimidad social y refirió que, de acuerdo al Inegi, el 31 por ciento de los mexicanos desconfía algo o mucho de los jueces.
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