Hasta el ascenso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de la república, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cabeza del Poder Judicial, nunca había asumido el rol protagónico ni la beligerancia con la que hoy se presenta. Cuando Ernesto Zedillo extinguió la Corte para darle nueva composición, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) tampoco hicieron el ruido que ahora desatan. El PJF ha venido desempeñando sus funciones de acuerdo con las normas de la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994, que conservó el método de designación de ministros que conocemos, ideado por el presidente Plutarco Elías Calles en 1928. Un esquema con el que, electoralmente, ganaban la presidencia de la república, la composición mayoritaria en cámaras de diputados y senadores y, para no dejar cabos sueltos en el ejercicio del poder, introdujo la designación presidencial de los ministros de la Corte. El primero de diciembre de 2018, AMLO encontró una SCJN formada por once ministros: tres propuestos por Vicente Fox: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González–Salas; cinco por Felipe Calderón: Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; y, tres, por Enrique Peña: Eduardo Medina Mora, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Es decir, una Corte políticamente adversa. Y, aunque los ministros juran, al asumir el cargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la incógnita era, saber si honrarían su solemne palabra o, si seguirían los designios de quien los había traído al cargo.
La incógnita se desveló rápidamente con el tema de la remuneración de los servidores públicos y la austeridad republicana, donde los ministros optaron entre dos disposiciones constitucionales: la del párrafo décimo tercero del artículo 94: <<La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo>>, que data de las reformas zedillistas de 1994 y 1996; y, la de la fracción II del artículo 127: <<Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente>>.
No sólo por conveniencia económica sino en abierta oposición al proyecto gubernamental, optaron por la primera, una norma de protección al salario y, rechazaron la segunda, como mandato del Constituyente Permanente, de obligado cumplimiento para el PJF en tanto encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Esta decisión sirvió para mantener las elevadas percepciones que reciben hasta la fecha. Con este antecedente, llegada a la presidencia de la Corte, la ministra Piña fijó su posición como Poder de la república: <<En cuanto a su postura ante los otros Poderes, Piña reafirmó su compromiso con la independencia judicial y la interpretación constitucional, evitando cualquier forma de politización de las decisiones judiciales>>. (Norma Piña se dice preocupada por reforma de AMLO que reduce ministros (msn.com).
Los trabajadores del PJF cuentan con todos los elementos teórico lingüísticos para descifrar el verdadero significado de esas expresiones. Pero si acaso no los advirtieran, las decisiones tomadas en ciertos asuntos, los harán explícitos. El ministro Aguilar Morales pidió un expediente, cuyo turno no le correspondía, y lo mantuvo guardado sin resolver más de ocho meses sin mostrar interés en ello. El juez de distrito Rodrigo de la Peza, sin competencia constitucional, ordenó al Tribunal Electoral del PJF nombrara a sus dos magistrados faltantes, para calificar la elección presidencial, a petición de una “asociación civil”. El juez Samuel Ventura liberó a la casi totalidad de los, más de cien, presuntos responsables de la desaparición -durante el gobierno de Peña Nieto- de los 43 de Ayotzinapa. La ministra Piña, apenas, admitió a trámite una supuesta contradicción de tesis, en materia electoral, para intentar obligar al Tribunal Electoral del PJF a modificar el criterio de asignación de diputados y senadores a los partidos políticos previsto en el artículo 54 de la Constitución, cuyo criterio se aplica desde 1996, con la reforma constitucional de Zedillo. Si en esas decisiones judiciales no hay “politización”, entonces, la “interpretación constitucional” es dúctil y maleable.
Ahora, ante la iniciativa de reforma constitucional al PJF enviada por AMLO al Congreso, ¿qué puede explicar con meridiana claridad la andanada de descalificaciones, críticas, y desmesuradas oposiciones, contra la posible aprobación de esa reforma, tratándose de una cuestión interna del Estado mexicano, ofrecida electoralmente a la ciudadanía, votada con la aceptación de una abrumadora mayoría, en una elección constitucionalmente válida, convertida en una decisión propia de la democracia en México? ¿Por qué causa tanto escozor la sola posibilidad de que jueces, magistrados y ministros, puedan ser electos por voto ciudadano, al grado de que los gobiernos de Estados Unidos (EU) y Canadá, la consideren un riesgo para el T-MEC? Hay quienes hacen del ridículo, la explicación. (Habrá muerte anunciada de la República; en septiembre desaparece el Poder Judicial: Felipe Calderón por reforma de AMLO (eluniversal.com.mx).
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Desde EU, los <<…senadores Ben Cardin y Tim Kaine, del Partido Demócrata, junto con los republicanos Jim Risch y Marco Rubio, señalan: “nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y la transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones”. (Comité de Exteriores del Senado de EU advierte a México sobre la reforma judicial (msn.com)). El embajador Ken Salazar dijo: <<La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. La reforma amenaza la histórica relación comercial entre México y Estados Unidos. También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas>>.
Parecen mensajes cifrados que traen amenazas veladas, sin una explicación franca y abierta comprensible para los ciudadanos de a pie que, con su voto, dieron luz verde a esa propuesta electoral de reforma judicial bajo la consideración generalizada de que el PJF está inmerso en la corrupción como lo muestra, desde hace muchos años, el sentido de sus sentencias favorecedoras de la injusticia, inequidad, e impunidad. Lo que los mexicanos vemos torcido, los extranjeros lo ven derecho. Mientras para los mexicanos, la reforma judicial es un mandato de la democracia atendiendo a los resultados electorales; Salazar la considera un riesgo mayor para la democracia de México. Aquí, consideramos necesaria la elección directa de los jueces para intentar frenar la corrupción judicial, y el embajador no vacila en calificarla de “política feroz” que amenaza las relaciones comerciales. ¿De qué habla? Dice que la elección directa “podría” hacer “más fácil” que los cárteles “y otros actores malignos” se aprovechen de “jueces inexpertos” con “motivaciones políticas”. Parece haber olvidado que los gobiernos de EU han dotado de grueso armamento a los cárteles mexicanos (Operativo Rápido y Furioso), y que, él mismo, ha reconocido públicamente que: <<Setenta por ciento de las armas que se utilizan en delitos violentos cometidos en México provienen de Estados Unidos, reconoció el embajador de ese país, Ken Salazar>>. (La Jornada, 05/12/2023, p. 7). ¿Quiénes son los otros actores malignos?
Especial atención merece el punto de reclamo donde los senadores Cardin, Kaine, Risch y Rubio, centran su oposición a la reforma: “…socaven la independencia y la transparencia del Poder Judicial del país…”. En este punto convergen, con los argumentos que esgrime la Corte frente al gobierno. Las razones para oponerse, aducidas por los senadores y el embajador, son “los intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones” y “la relación comercial que depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”. Si en política no existen coincidencias, esta defensa común de la “independencia” del Poder Judicial, permitiría establecer la hipótesis de que la Corte ha asumido el carácter de caballo de Troya -contra el gobierno mexicano- desde que la ministra Piña asumió su presidencia. Los viajes a EU, de la candidata de la oposición y la presidenta de la Corte, adquieren sentido explícito para servir a un gobierno extranjero, al colocar la defensa de la independencia del poder judicial como salvaguarda del capital internacional. ¿Sólo a eso fueron?
El embajador canadiense, Graeme Clark, fue más claro y directo: <<Vamos a tener unos cambios constitucionales, como embajador, es difícil para mí hablar públicamente sobre estos temas, pero lo que sí puedo decir es que mis inversionistas sí están preocupados, ellos quieren estabilidad, quieren un Sistema Judicial que funcione si hay problemas>>. El argumento es igual al de EU. La traducción fiel de esos mensajes del extranjero fue “hecha en México” por la exdirectora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI (consejomexicano.org), Verónica Ortiz: <<…la iniciativa de reforma al Poder Judicial incluso puede representar un ‘balazo en el pie’ en las relaciones diplomáticas y comerciales que el país tiene con sus dos principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá>>. Transmutándose en la personalidad de la excandidata Xóchitl Gálvez, Ortiz recomienda: <<Lo que yo haría es olvidarnos de la reforma judicial tal y como está planteada, olvidarnos de la reforma que desaparece a los órganos constitucionales autónomos, porque es directamente violatoria de los disipaciones (sic) (¿las disposiciones?) del T-MEC que habla de tener reguladores independientes y evidentemente tribunales autónomos e independientes y no poner en riesgo lo que nos va a complicar innecesariamente>>. (EU y Canadá suben el tono por reforma judicial; analistas ven riesgo por T-MEC (msn.com). “Olvidarnos” del resultado de la elección y de la democracia. El capital cuestionando a la democracia el diseño de la nación.
Si los mexicanos elegimos un proyecto de nación encaminado a mejorar nuestra convivencia social; los inversionistas extranjeros, sus gobiernos, y voceros dicen que ellos estaban mejor, cuando nosotros estábamos peor. Quieren “un Sistema Judicial que funcione si hay problemas”, cuando ese sistema judicial ha sido disfuncional frente a los problemas comunes de los mexicanos, como la injusta distribución del ingreso acentuada por la delincuencia organizada y la de cuello blanco que expolian al país, pero se ven favorecidas por ese sistema judicial que funciona sólo para ellos. El capital desea a su servicio las decisiones judiciales como alternativa, contra las ejecutivo-administrativas, cuando no ejerce pleno control sobre el poder ejecutivo. Por eso reclaman, al unísono, la “independencia del Poder Judicial”, desvelando frente a quién la reclaman; y, cuál es la minoría cuya defensa de derechos humanos elevan contra la reforma, perfilando la esencia de esta doctrina que se ha apoderado del discurso jurídico.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite dijo: <<Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial>>. (Relatora de la ONU pide reconsiderar “detenidamente” la reforma al Poder Judicial (msn.com)). La doctrina de los derechos humanos, diseñada para proteger el interés de los dueños del dinero y, con ella, la preservación del capitalismo que destruye la naturaleza, se justifica en “la creación de empleos”, y paga salarios miserables; ha pervertido la conceptualización de las categorías de la teoría política, para confundir y engañar a la población. Con este fin, el discurso contra la reforma judicial utiliza como sinónimos las locuciones “independencia judicial” e “independencia del poder judicial”, no obstante que la primera alude a los jueces como individuos y, la segunda, al “poder judicial” como ficción jurídica que los agrupa a todos.
La señora Juana Fuentes, juez de distrito y directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), estima suficiente el apoyo que reciben: <<ustedes saben que ya otros países, a través de sus embajadores, el sector empresarial, grupos de abogados, se han expresado rechazando totalmente esta forma de modificar al Poder Judicial. Pero bueno, seguimos con oídos sordos>>. Aunque sus integrantes juraron solemnemente respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; su posicionamiento frente a la reforma judicial refleja la decisión de ignorar el artículo 39: <<La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno>>.
Tres problemas de contexto permean a todos estos planteamientos. No respetan resultados electorales como democracia y mandato del pueblo; impulsan la actuación de la SCJN pretendiendo cogobernar el país destruyendo la forma republicana de gobierno; y, desdeñan una cuestión de elemental sentido común: Si el jefe de Estado es electo por voto directo, ¿por qué un juez, del rango que sea, no puede serlo? Las consignas que gritan y las mantas que llevan (“Yo sí trabajo… no hago mañaneras” (msn.com)), trabajadores, jueces y magistrados, y la “sociedad civil”, en las marchas de protesta, son simple extensión de la campaña electoral para combatir los efectos jurídico políticos de la reforma, y no para discutir sus tecnicismos. Que desde la Corte se pretenda seguir controlando al Ejecutivo y Legislativo bajo el argumento de “inconstitucionalidad” de sus actos o procedimientos internos, apunta a la concentración de poderes; no a la separación de los mismos.
Destaca el hecho reciente de que, contraviniendo la Constitución, la Ley de Amparo, el principio de supremacía constitucional, el compromiso de defenderla y, su propio acuerdo de suspensión de labores -de suyo ilegal- los jueces de distrito se dedican ahora a otorgarse suspensiones de oficio, entre ellos, (Cámara de Diputados recibe suspensión de amparos contra reforma judicial (msn.com), para ordenar ¡al Congreso de la Unión!, que no discuta la iniciativa de reforma constitucional al poder judicial. El exministro Diego Valadez ya lo dijo: no hay fundamento jurídico. (No hay fundamento jurídico: exministro (msn.com). De modo que la tan defendida “independencia” judicial, devino inexorablemente en arbitrariedad, pues, la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal colocan a los jueces de distrito, por encima de los otros poderes de la República, en un absurdo político y jurídico que se utiliza para oponerse a la decisión de las urnas.
Para estos distinguidos jueces, aunque la Ley de Amparo establezca: <<Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte>>; <<Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos>>; es decir, sin existir norma general (ley), acto u omisión de autoridad, que genere disputa que amerite el juicio de amparo, pues es una iniciativa de reforma constitucional en trámite; los jueces de distrito presentan amparos y se otorgan, entre sí, suspensiones para detener sus procedimientos legislativos. ¡Vaya! Un poder constituido que se coloca por encima del Poder Constituyente Permanente.
Los ministros magistrados y jueces, que determinaron unilateralmente privar a toda la población del servicio público de impartición de justicia federal; decidieron que los amparos promovidos entre ellos, sí, son “asuntos urgentes” para atender durante el paro. Pusieron sus intereses de grupo, por encima de los del pueblo. Los, ya imposibles de mantener ocultos, amarres políticos entre la oposición y el PJF, con el gobierno de EU, para defender y sostener la independencia del Poder Judicial; oponer los intereses de “mercados”, “inversionistas” o “el capital” a los resultados electorales de la democracia, desconociéndola de facto; y, elevar al capital, a la categoría de “derecho humano”, en franca sorna a las enormes desigualdades sociales del ingreso económico y diferencias en el modo de vida entre la mayoría de la población y las élites adineradas; justifican sobradamente la necesidad de la RJ. La defensa del funcionamiento actual del PJF conlleva la del modelo de sociedad injusta que los mexicanos aspiramos a superar.
Lo que está en juego, es el carácter contra mayoritario, antidemocrático, y antipopular de las decisiones del PJF. El cuestionamiento se basa en la prevalencia de los principios de mayoría, democracia, y legitimidad, frente a la carencia de representatividad de los jueces y sus resoluciones “conforme a Derecho”. La decisión sigue siendo del pueblo de México.
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 03 de septiembre de 2024
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO