Miércoles, junio 12, 2024

Reforma que aumenta penas por invasiones pretende evitar tragedias e inhibir prácticas de desarrolladores: diputados

Destacamos

Las reformas aprobadas en octubre pasado a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y al Código Penal del estado de Puebla que establecen hasta 20 años a los servidores públicos que permitan zonas irregulares, pretenden evitar tragedias como la sucedida en San Pablo Xochimehuacan en 2021 e inhibir prácticas de desarrolladores que ocupan zonas de protección ambiental para construir fraccionamientos de lujo, subrayaron por separado los legisladores locales Guadalupe Leal Rodríguez (PAN) e Iván Herrera Villagomez (Morena). 

En entrevista con La Jornada de Oriente, Leal Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, subrayó que durante la discusión de la iniciativa, propuesta por el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, los integrantes de este órgano colegiado y de la Comisión de Protección Civil, coincidieron en que el fundamento central es que se eviten muertes como las registradas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en octubre de 2021, donde fallecieron cinco personas tras la explosión de dos tomas clandestinas de gas LP.  

La legisladora blanquiazul cuestionó que las viviendas de esta zona contaran con servicios básicos como electrificación y agua potable pese a su cercanía con los ductos de Pemex y con una vía del tren.  

Al respecto subrayó que los ayuntamientos, incluidos los de Puebla capital, han sido omisos y cómplices ante el surgimiento de zonas irregulares, no solo porque no hacen nada por evitarlos, sino porque los terminan dotando de servicios básicos, muchas veces con una intención “electoral”.  

Sostuvo que a eso responde que se hayan aumentado las penas en contra de los servidores públicos que sean omisos o que contribuyan a la creación de zonas irregulares.   

El pasado 20 de octubre, el Congreso del estado, a propuesta del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, aprobó una reforma al Código Penal del estado que establece de cuatro a 10 años de prisión y multa de doscientas hasta quinientas unidades de actualización -equivalentes a 20 mil 748 y 51 mil 870 pesos, respectivamente- a quienes instiguen, compelen, dirijan o se beneficien de la conformación de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular.  

La pena también se aplica en contra de funcionarios públicos que realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares y/o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos.  

El artículo 199 Quater subraya que la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más, es decir, hasta 20 años de prisión, cuando las conductas previstas “se realicen sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda o en las que exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano”. 

También se realizaron reformas al artículo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla en la que se establece que los ayuntamientos en el estado están obligados a dar aviso a la autoridad competente para denunciar el asentamiento humano irregular y, en su caso, determinar las acciones correspondientes. 

En el artículo 166 de este ordenamiento se establece que “la existencia de asentamientos humanos irregulares o la gestión de estos deberán ser denunciados ante el gobierno del estado o los ayuntamientos por cualquier persona, a efecto de que dichas autoridades procedan las coordinar acciones administrativas y promover las acciones legales ante las autoridades competentes”.  

Asimismo, en el artículo 167 se establece que es facultad de los ayuntamientos respectivos suspender cualquier obra y/o venta de predios que se realice ilícitamente, fijando en lugares públicos y visibles copias del ordenamiento que disponga tal situación. 

Reforma inhibe el surgimiento de desarrollos en zonas protegidas: Herrera

Por separado, Iván Herrera Villagomez, integrante de la Comisión de Protección Civil, la cual participó en la elaboración del dictamen, subrayó que aunque la legislación no tiene dedicatoria para Antorcha Campesina sí busca inhibir la operación de agrupaciones que lucran con la pobreza y que promueven la creación de zonas irregulares para obtener beneficios.  

Sostuvo que también tiene la intención de evitar el surgimiento de desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía en zonas de protección ambiental o federales, los cuales se generan por el contubernio de autoridades municipales y representantes ejidales con empresarios.  

Este miércoles, La Jornada de Oriente publicó que mediante un “convenio de usufructo” por 30 años la firma Grupo Proyecta, del empresario Rafael Posada, pretende tomar el control de 273 hectáreas en los cerros de Tepetomatla, La Sombra, Tenayo, La Presa y Texcal –una zona de uso común del ejido de Santa María Malacatepec, que con base en la Ley Agraria no puede venderse– para construir el desarrollo de lujo City Lomas Ocoyucan, reveló Hilario Alonso Flores, representante legal de los opositores al proyecto.    

Asimismo, el pasado 5 de marzo, este periódico publicó que total impunidad se realiza la venta de predios rústicos ubicados en la cercanía de la presa Manuel Ávila Camacho, buena parte de los cuales son el resultado de invasiones, reconoció Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Desarrollo y Gestión Urbana del ayuntamiento capitalino. 

Ultimas

00:00:49

La próxima semana se sabrá el resultado del peritaje contra Accendo Banco: SF

La próxima semana se dará a conocer el resultado del dictamen pericial para deslindar responsabilidades administrativas contra funcionarios del...
- Anuncios -
- Anuncios -