La diputada local de Morena, Gabriela Chumacero Rodríguez, rechazó que existan presiones de la derecha o de la Iglesia católica para frenar en Puebla la reforma al Código Civil que reconoce de manera administrativa la identidad de género sin límite de edad, conocida como reforma sobre infancias trans, pese a que desde marzo de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enviado al Congreso hasta seis requerimientos para que cumpla con dicho ordenamiento.
La legisladora, quien de última hora presentó el lunes pasado la iniciativa que dará paso a esta reforma, afirmó que no hay omisión del Congreso local y que el tema se abordará mediante un proceso de discusión y consulta pública.
La morenista precisó que el dictamen no se discutirá ni aprobará en este periodo, sino hasta 2026, luego de realizar en 2025 mesas de trabajo con colectivos y organizaciones acompañantes de las infancias trans. En este contexto, rechazó que el Congreso de Puebla rehúya el tema, como lo señaló la ex diputada Socorro Quezada Tiempo, quien cuestionó que la modificación no se haya concretado en dos legislaturas consecutivas con supuesta mayoría de izquierda. Chumacero sostuvo que la apertura del Poder Legislativo se refleja en la propuesta que impulsó y en el compromiso de someterla al escrutinio público el próximo año con participación de organizaciones.
Detalló que su iniciativa plantea reformas a los artículos 831 y 875 Bis del Código Civil del estado, para establecer que toda persona, sin distinción de edad, tenga derecho a solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo. Agregó que se incorpora el artículo 875 Quáter, que define un procedimiento sumario específico para niñas, niños y adolescentes, con el propósito de garantizar que el trámite sea accesible y ágil, con intervención de las personas tutoras y de las autoridades del Registro Civil.
La diputada explicó que la propuesta retoma los lineamientos fijados por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 73/2021, en la que se ordenó al Congreso de Puebla adecuar el Código Civil para garantizar el derecho a la identidad de género, y que busca dar cumplimiento integral a dichos requerimientos y evitar nuevos apercibimientos del máximo tribunal.
Al responder a las críticas de omisión legislativa, Chumacero insistió en que no hay resistencia política en el Congreso local para aprobar la reforma sobre identidad de género, sino un proceso de adecuación y consulta que se desarrollará durante 2025 y desembocará en la aprobación del dictamen en 2026. Subrayó que el compromiso de la mayoría de izquierda en el Legislativo es avanzar en el reconocimiento de derechos sin ceder a presiones de grupos conservadores ni de jerarquías religiosas.
