La reforma sobre Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas quedó corta debido a que perpetúa la normativa salinista que considera al agua como una mercancía, se mantienen los consejos de cuenca y se quedó afuera la prohibición expresa de las privatizaciones del servicio como el de Puebla, reconoció Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por Morena.
En conferencia de medios, Carvajal informó que en el proceso legislativo fue desechado un artículo transitorio de su autoría que establecía que el incumplimiento de los contratos por parte de las empresas concesionarias del servicio de agua fuera causal de sanciones severas y revocación de las concesiones.
El morenista dijo coincidir con especialistas como Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán, quienes han cuestionado que se mantenga vigente la Ley de Aguas Nacionales creada en 1989 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, normativa que abrió paso a la comercialización del líquido. Afirmó que, en términos estructurales, el andamiaje legal continúa privilegiando la lógica de negocio sobre el reconocimiento pleno del agua como derecho humano.
Carvajal manifestó que los consejos de cuenca no deberían existir en su diseño actual, porque en la práctica sirven para defender intereses de grandes industrias y no garantizan representación real de las comunidades y usuarios domésticos.
No obstante, matizó que la reforma y el nuevo reglamento representan un avance parcial que puede servir de base para construir en el futuro una normatividad más robusta en defensa del derecho humano al agua. Entre los aspectos positivos, destacó el reconocimiento legal de los comités ciudadanos del agua que operan en comunidades, muchas de ellas de origen indígena, y que hasta ahora funcionaban en condiciones de vulnerabilidad jurídica.
“Se reconocen a los sistemas operadores comunitarios de usos y costumbres, como en Canoa; con este reconocimiento legal tendrán posibilidad de solicitar recursos federales y sujetarse a la normatividad del agua”, explicó. Añadió que este cambio fortalece a los sistemas comunitarios frente a empresas privadas y autoridades que en ocasiones han intentado desconocer su papel en la distribución del recurso.
El diputado expuso que con la reforma se busca limitar la mercantilización de las concesiones para evitar que particulares concentren grandes volúmenes de agua y especulen con los títulos. Recordó casos de familias ligadas al poder político, como la del expresidente Vicente Fox Quesada, que han acaparado concesiones para vender o transferir volúmenes del líquido, aun cuando los títulos fueron otorgados originalmente para otros usos.
Carvajal señaló que, en la práctica, concesionarios han vendido o cedido derechos de agua a industrias pese a que los títulos estaban autorizados para uso agrícola. Sostuvo que esta práctica, tolerada por la legislación anterior, ha favorecido un mercado paralelo del agua y ha dejado en desventaja a comunidades campesinas y usuarios rurales frente a grupos empresariales con capacidad de compra y presión política.
