La diputada federal de Morena Julieta Vences Valencia aseguró que con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica se pondrá fin al negocio del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 143 municipios del estado de Puebla.
“La reforma permitirá establecer precios asequibles para escuelas, hospitales y el alumbrado público porque será visto como un derecho, no como el negocio de unos cuantos”, apuntó la representante popular previó a que el proyecto se sometiera a votación del pleno.
Además, señaló que con la propuesta que impulsó el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se evitará la privatización del sector eléctrico y la desaparición de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE).
“La CFE va a dejar de perder y de subsidiar a privados, esto por 215.4 mil millones de pesos que deja de despachar en energía y otros 222.9 mil millones por la compra de electricidad a particulares”, afirmó.
La reforma eléctrica, prosiguió la legisladora, regulará al sector y evitará la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos o empresas.
“No se expropiarían plantas, además aquellos que no hayan violado la ley gozarían del 46% de un negocio de 6.4 billones de pesos en la industria eléctrica”, resaltó.
Dictamen comprometía a la CFE a reducir las tarifas del DAP
Uno de los párrafos del dictamen de la reforma eléctrica, que al cierre de la edición no había sido votado en la Cámara de Diputados, compromete a la CFE a establecer un esquema tarifario del servicio público para “reducir las tarifas del alumbrado público”, “con el objeto de que su suministro se preste en condiciones asequibles”.
El Congreso poblano reactivó el cobro del DAP este 2022 con una cuota de hasta 414 pesos mensuales, la cual se aplica en el municipio de San Nicolás de los Ranchos pese a que 40 por ciento de su población no tiene acceso a luminarias y de las existentes, una de cada tres está descompuesta.
La medida tributaria enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH). Además, el mes pasado un juzgado de distrito suspendió el cobro al ayuntamiento de Zaragoza por violar los derechos a la seguridad jurídica y tributaria.