Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, propuso que la reforma al Poder Judicial se implemente en los estados a más tardar en 2027, con la elección por el voto ciudadano de los magistrados de los tribunales de justicia y la reducción de su salario, de ser mayor al del gobernador.
La también senadora electa descartó de tajo las propuestas que van en el sentido de llevar a cabo la renovación en un plazo de 25 años, porque no responden a la urgencia de mejorar los indicadores de ese poder del Estado.
Godoy visitó la ciudad de Puebla para participar en los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, donde reconoció que los cambios proyectados han causado preocupación entre los trabajadores del sistema de justicia del país, motivo por el un grupo protestó a las afueras del Centro Expositor donde se llevó a cabo el foro.
“Lo que tienen que saber es que la reforma no afecta en nada sus derechos laborales y deben tener la plena seguridad de que no se les van a trastocar”, garantizó la exfiscal de la Ciudad de México en entrevista, al ser cuestionada sobre la manifestación.
Actuales magistrados pasarán a la boleta de forma automática
En su intervención durante el encuentro, que fue inaugurado por el gobernador Sergio Céspedes y el mandatario electo Alejandro Armenta, Ernestina Godoy reconoció que una de las grandes preocupaciones es la propuesta de renovar al Poder Judicial a nivel federal y estatal a través de una elección extraordinaria en 2025, por lo que se analiza cumplir ese cometido, pero de manera gradual.
Al proponer que el plazo se extienda hasta 2027, aclaró que no se trata de una decisión tomada, por lo que sugirió a los legisladores ser “creativos” a la hora de materializar esa “gradualidad”, pero sin excederse.
Asimismo, informó que se analiza modificar la reforma para garantizar a los actuales integrantes del Poder Judicial el derecho a competir por su permanencia, por lo que su nombre pasaría de manera automática a la boleta, cuando el resto de los candidatos requeriría el aval de alguno de los poderes del Estado.
Sobre el salario de los responsables de impartir justicia, señaló que es inconstitucional que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perciban más que el presidente de México, situación que se reproduce en la mayoría de los estados.
Refirió que en 75 por ciento de las entidades federativas, el magistrado presidente gana más que el titular del Poder Ejecutivo local, lo que va en contra de los principios de racionalidad, austeridad y justa medianía.
En el caso de Puebla, la Plataforma Nacional de Transparencia exhibe que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, recibe un sueldo mensual neto de 94 mil 737 pesos, es decir, 313 pesos menos que la remuneración de 95 mil 050 pesos del gobernador.
Reconoce magistrado rezago “grave” del TSJ de Puebla
Los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial que se realizó en Puebla tuvo como tema principal los “Tribunales de Justicia Local”, por lo que sirvió de foro para que algunos participantes expusieran el rezago que enfrenta el TSJ del estado en la resolución de casos.
El magistrado Humberto Arróniz reconoció que se trata de un “grave problema” en los sectores penal y familiar, por el gran número de expedientes que siguen abiertos, a la espera de sentencia.
No obstante, consideró que el Poder Judicial del estado “ha trabajado bien” y que mejorará sus indicadores una vez que implemente un sistema de gestión de casos, que permitirá dar seguimiento diario a todos los expedientes.
Reforma al Poder Judicial será dictaminada después del 15 de agosto
El coordinador de la bancada de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anticipó que la redacción de modificaciones al anteproyecto de la reforma constitucional iniciará en la Comisión de Puntos Constitucionales, a partir del 9 de agosto, una vez que concluyan los Diálogos Nacionales.
Agregó que las reformas que podrían dictaminarse entre el 1 y el 12 de agosto serán las concernientes al tema de bienestar, mientras que la judicial será discutida después del 15 de ese mes.
En el caso de los tribunales locales, puntualizó que las adecuaciones se tienen que llevar a cabo bajo un procedimiento que respete el federalismo, así como la soberanía de los estados representados por sus congresos locales.
