Reddh: Reforma pone en riesgo a usuarios y a choferes de Uber

Cobro en efectivo por parte de Uber es improcedente, sentencia justicia federal.

Israel Sampedro Morales, representante de la Red de Defensa de Derechos Humanos (Reddh), denunció que la reforma a la Ley de Transporte que está bajo revisión del Congreso de Puebla no solo incumple su objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios del servicio ejecutivo, sino que los pone en riesgo junto con los conductores.

Explicó que la iniciativa propone romper la cláusula de confidencialidad a la que están sujetos actualmente firmas como Uber y Cabify, para obligarlos a proporcionar información de los usuarios y las rutas que utilizan para movilizarse, las cuales podrían caer en manos de la delincuencia.

No sería la primera ocasión en que datos personales que se encuentran bajo resguardo de la autoridad reciben un manejo ilícito, pues recordó que la lista nominal de electores del país se puso a disposición de los usuarios de internet a través de Amazon en 2016.


“Si tomamos en cuenta que el listado de electores estaba en venta en Amazon y la aquiescencia del Estado mexicano con la delincuencia, se genera una situación de riesgo para trabajadores y usuarios de ese servicio”, destacó.

Hizo un llamado al Congreso, en particular a la Comisión de Transporte y Movilidad responsable de dictaminar la factibilidad de la enmienda, a proteger los datos personales de usuarios, socios y conductores, al recordar que tiene la obligación de emitir disposiciones que protejan la integridad física y psicológica de los habitantes del estado.

La reforma a la Ley de Transporte es una iniciativa del gobernador Antonio Gali Fayad que busca regular el servicio ejecutivo, luego de que conductores de Uber y Cabify tuvieron participación en el homicidio de dos mujeres en Puebla capital.

Los artículos 85 bis y 92 quater de la iniciativa imponen a las empresas de redes la obligación de permitir a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del gobierno estatal “el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio”.

El objetivo, se detalla en el documento que ingresó al Legislativo el miércoles pasado, es vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios desde el inicio del viaje hasta su conclusión.

Las empresas de redes tendrán además que proporcionar el nombre y datos personales de los conductores con quienes tengan relación para la explotación del servicio, de los vehículos y la cantidad de servicios que presten.

Asimismo, se incluyó en la reforma la advertencia de que “será causa de cancelación del registro, alterar de cualquier forma la información contenida en las plataformas tecnológicas”.