Por ambigua y dar pie a la censura, organización no gubernamental de periodistas rechaza la iniciativa para castigar “noticias falsas”

Es Imagen/ Jafet Moz

La Red Nacional de Periodistas, la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) y la Red Puebla de Periodistas emitió una postura de condena en contra de la iniciativa presentada en el Congreso local que busca sancionar a las personas que difundan noticias falsas, por ambigua, carente de definición de sus alcances y dar pie a la censura de quienes cuestionen las acciones o políticas públicas en el estado.

Los colectivos de periodistas hicieron un llamado a los legisladores poblanos para que el análisis del tema no sea inmediato, sino que -anteponiendo el principio de Libertad de Expresión- se opte por la consulta con organizaciones civiles especialistas en el tema, para que así la reforma logre su objetivo de combatir la desinformación y el daño que ésta genera a la sociedad.

Este martes, en sesión virtual, la iniciativa fue presentada por la diputada Nora Yessica Merino Escamilla y el diputado Gabriel Biestro Medinilla, como integrantes del Partido Encuentro Social y coordinador del Grupo Legislativo de Morena, respectivamente, y busca reformar el contenido del Artículo 165 del Código Penal del Estado de Puebla.


En la propuesta se señaló que “la misma sanción se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”.

Al respecto, los colectivos consideraron que la iniciativa no contempla una definición para el concepto de “información falsa”.

Lo anterior, arguyeron, aun cuando este puede resultar entendible para las personas, es necesario puntualizar una definición precisa para no caer en ambigüedades o en interpretaciones a modo por parte de los encargados de aplicar la sanción que establece el artículo citado.

Por otra parte, señalaron que la propuesta contiene los términos “descrédito” y “contradicción” con las acciones o políticas implementadas por el Estado, sin que tampoco se definan ambos conceptos.

“Al no existir una definición clara de los dos términos es posible que, en una interpretación errónea de los mismos, se genere censura en contra de quienes no compartan o cuestionen la eficacia y eficiencia de las políticas o acciones puestas en marcha por cualquier nivel de gobierno, impidiendo o sancionado la difusión de sus propias opiniones”, arguyeron.

Por lo tanto, dijeron que son sabedores de la apremiante necesidad de combatir la desinformación que no contribuye a un bien común, sobre todo en situaciones de emergencias sanitarias, como la provocada por la propagación del Covid-19; sin embargo, aclararon que es necesario que la propuesta sea analizada a fondo y por especialistas, a fin de no retroceder en los avances conquistados en materia de Libertad de Expresión con los que Puebla cuenta.

Ante lo expuesto, manifestaron su preocupación por una declaración que la diputada Nora Merino Escamilla concedió el 27 de abril a un medio de comunicación estatal, donde señaló que la propuesta sería dictaminada la próxima semana en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso.

Por lo tanto, consideraron importante citar que es obligación de las y los diputados garantizar la Libertad de Expresión y un proceso legislativo abierto a la sociedad, por lo que sería un error que la reforma se aprobara sin un análisis a fondo y en un plazo que impida escuchar la opinión de especialistas.

Recordaron a quienes integran el Legislativo que la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su comunicado de prensa con folio número R58/20, citó una declaración conjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Expusieron que la declaración de los organismos internacionales dice textualmente: “Compartimos la preocupación de que la información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden. Con respecto a otras medidas, como la reducción de contenidos y la censura, puede dar lugar a la limitación del acceso a información importante para la salud pública y sólo debe realizarse cuando se cumplan las normas de necesidad y proporcionalidad”.

Por esta razón, dijeron que la ONU y la CIDH resaltaron que “cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión”.