Una práctica común existente en este país cada vez que hay desastres, es que un sector de altos funcionarios se aprovechan y enriquecen con los recursos destinados a la reconstrucción, la cual, dicho sea de paso, se ejecuta con mucha regularidad, sin planeación, con infinidad de abusos y fugas de dinero.
Parece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha sido la excepción en este tipo de prácticas. Hoy, esta casa editorial publica una carta del delegado Ambrosio Guzmán denuncia con mucha claridad la corrupción que ha imperado entre personal del organismo, particularmente entre peritos que han impedido que se reconstruyan 621 edificios históricos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Guzmán ha solicitado incluso la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, para que investigue las presuntas malversaciones.
Ojalá en esta ocasión el gobierno federal no incurra en las omisiones de gestiones que le precedieron y que las denuncias no acaben en simples menciones periodísticas, pues es imprescindible que quien haya cometido errores o incurrido en delitos sea sancionado con todo el peso de la ley.
Pero tanto o más importante que el castigo a los malos servidores públicos es reactivar la reparación de los monumentos siniestrados.